Sábado 12 de septiembre de 2015 | Publicado en
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Por Jorge Oviedo | LA NACION
Cristina Kirchner parece decidida a terminar su segundo mandato sin ninguna prudencia en materia de cuentas públicas. Ayer en el Boletín Oficial aparecieron tres pruebas de la imprudencia presupuestaria. El gasto total del año fue aumentado en $ 26.060 millones y el déficit fiscal en $ 12.862,8 millones.
Así, con una recaudación total de poco más de $ 1,2 billones, igual habrá un déficit fiscal de casi $ 71.626 millones.
El problema es que el Gobierno no tiene acceso a financiamiento genuino y hasta ahora ha cubierto el desbalance con manotazos a los fondos de la Anses y la descomunal emisión monetaria. La inflación y las presiones devaluatorias sólo pueden agravarse con medidas como la de ayer.
La lectura política también muestra dónde están las principales preocupaciones de la Presidenta y dónde quiere dejar reforzado el poder del Estado. Para poder aumentar el gasto total debió recurrir a un decreto de necesidad y urgencia (DNU), ya que los superpoderes del jefe de Gabinete sólo alcanzan para reasignaciones discrecionales, que se instrumentaron en dos decisiones administrativas, en las que lo que se agrega en un lado se corta en otro.
El aumento del gasto total está reservado al Congreso, pero como los DNU deben ser revalidados allí, el Gobierno interpreta que cumple con la ley.
El DNU muestra qué áreas le interesan más a la Presidenta. Allí incluyó $ 81,1 millones para que la Procuración General de la Nación, a cargo de la ultra K Alejandra Gils Carbó, monte la oficina de escuchas judiciales, ahora a su cargo tras las reformas de los servicios de espionaje.
También el DNU agregó $ 472,7 millones para la nueva agencia de inteligencia (AFI). El 80,5% -unos $ 380,7 millones- son para cubrir mayores gastos en personal. Parece el esfuerzo por perfeccionar el sistema con el cual la Presidenta parece querer controlar como a terroristas a quienes operen en el mercado informal de divisas o participen de una corrida bancaria o cambiaria. Así lo establece la "nueva doctrina de la inteligencia nacional".
Con estas medidas, dos ultrakirchneristas acumularán recursos y poder que durará más allá de la transición presidencial. En total se sumaron más de $ 550 millones al nuevo sistema de espionaje diseñado por el cristinismo.
Pese a todas las señales de desaceleración de la actividad, sobrevaluación cambiaria, caída significativa de las exportaciones, presiones devaluatorias y falta de acceso a los mercados de deuda, el Gobierno siguió aumentando los desequilibrios.
Tecnópolis parece también uno de los emprendimientos que a la Presidenta más entusiasma. Por eso agregó $ 42 millones para beneficiar el Ministerio de Turismo y llevar a la muestra a chicos en edad escolar. Es un gasto curioso que no está incluido como actividad educativa, sino de promoción del turismo.
Mucho menos dinero que a la prevención de supuestos "golpes de mercado", según la definición de Cristina Kirchner, se asigna a la protección de la población. Al Ministerio de Seguridad, para reforzar el Programa de Seguridad Ciudadana le otorgaron $ 50 millones, financiados con crédito externo de organismos multilaterales, según el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
Otros emprendimientos que la Presidenta gusta de mostrar son las obras ferroviarias. Y al ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, le agregaron $ 700 millones para Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Ferroviaria.
El ministro desairado por la decisión de Cristina Kirchner de no ponerlo como candidato presidencial y, en cambio, colocar a Daniel Scioli, obtuvo esta vez bastante menos recursos que algunos pares, como Tomada, por el incremento de gastos en la Anses para financiar prestaciones previsionales y otras de carácter social. Por lejos, la cartera menos favorecida es Defensa, con una mejora de sólo el 0,1% (apenas $ 60 millones).
La forma de aumentar el gasto también parece indicar que el espionaje es mucho más prioritario que la lucha contra las drogas. La Secretaría de Programación para la Prevención y Lucha contra el Narcotráfico obtuvo $ 42,3 millones adicionales. Menos de un décimo de lo que obtuvieron entre ambas la Oficina de Escuchas y la AFI.
Otro gran favorecido es el Ministerio de Salud, que condujo Juan Luis Manzur -candidato a gobernador de Tucumán por el oficialismo- con partidas adicionales por más de 1600 millones.
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