Viernes 18 de septiembre de 2015 | Publicado en
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Editorial I
La justicia tucumana acaba de emitir un fallo ejemplar, que nos invita a dejar de ver cualquier maniobra fraudulenta como algo natural.
La reciente sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán que anuló las escandalosas elecciones realizadas el 23 de agosto pasado en esa provincia constituyó una bocanada de aire fresco para los tucumanos y para todo el país.
Tras los violentos hechos registrados en la provincia que gobierna José Alperovich al cabo de un acto electoral plagado de irregularidades tales como quema de urnas, actitudes patoteriles, compra de votos, falsificación de planillas electorales en la sede del propio Correo Argentino y hasta una misteriosa falla eléctrica que provocó la eliminación de los videos de seguridad filmados en el depósito donde se guardaban las urnas con los votos, nadie puede animarse a afirmar que los comicios tucumanos fueron normales.
Sólo pueden esgrimir semejante cosa quienes pretenden que la sociedad argentina contemple con naturalidad cualquier intento de fraude, con el fin de garantizarse para sí mismos un poder absoluto distante del sistema republicano y representativo que garantiza la Constitución nacional.
Quienes sostienen que las elecciones se desenvolvieron con normalidad son los mismos que insólitamente consideran que si existió alguna desprolijidad ésta obedeció a la responsabilidad de la oposición, por no haber fiscalizado adecuadamente los comicios. Un disparate atronador, que parece sugerir que ya no es el Estado el encargado de garantizar la transparencia de un acto electoral y que pretende trasladar a otros una obligación indelegable de las autoridades públicas.
Los camaristas que firmaron el fallo hicieron lugar al pedido formulado por sectores de la oposición, encabezados por el candidato a gobernador por el radicalismo, José Cano. En tal sentido, destacaron que no hubo "una elección libre y auténtica de carácter democrático" y que "el cúmulo de irregularidades y anomalías graves acaecidas durante la jornada del 23 de agosto y los días posteriores, ante su entidad y trascendencia, no puede ser desatendido".
La sentencia judicial, que será apelada por el oficialismo provincial ante el tribunal superior de Tucumán y terminaría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue conocida un día después de que la junta electoral provincial concluyera el escrutinio definitivo, que arrojó una victoria del postulante a gobernador del kirchnerismo, Juan Manzur, sobre Cano por algo más de 11 puntos, tres puntos menos que la diferencia surgida del recuento provisional de votos.
Este fallo, que ordena la realización de una nueva votación para todos los cargos que se pusieron en juego, configura un hecho histórico en la Argentina y sin precedente desde la reapertura democrática de 1983.
Más allá de la estricta justicia de la sentencia, se trata de algo más que lamentable. Que en pleno siglo XXI, los argentinos convivamos con sistemas de votación prehistóricos, que no ofrecen mínimas garantías de confiabilidad y que son aprovechados por auténticos delincuentes cuyo fin no es otro que tergiversar la voluntad popular en beneficio propio, debe resultarnos a todas luces vergonzoso.
Si a los hechos ocurridos en Tucumán se suman las denuncias concretas y las innumerables sospechas sobre maniobras fraudulentas en otros lugares del país, queda al descubierto el retroceso institucional que sufre la Argentina. Lo más grave es que las autoridades nacionales no pueden menos que ser consideradas cómplices, en tanto que, frente a las amplias demandas de la sociedad en pos de mejorar los mecanismos de transparencia electoral, empezando por una boleta única complementaria para enfrentar el robo de boletas electorales, no han mostrado la más mínima voluntad política para ensayar cambios absolutamente razonables.
La vergüenza llega a tal extremo que la Justicia ha debido tomar intervención frente a denuncias de que en provincias como Formosa, Chaco y Misiones se habría detectado un flujo irregular de votantes ilegales provenientes de Paraguay. En el otro extremo del país, en la provincia de Santa Cruz, la inagotable imaginación del kirchnerismo para manipular el sistema electoral quedó de manifiesto con la introducción de una ley de lemas, violatoria de la letra de la propia Constitución provincial, con el único propósito de favorecer las alicaídas perspectivas del oficialismo.
Afortunadamente, hasta ahora tanto la justicia tucumana como la Cámara Nacional Electoral han actuado con la responsabilidad que exige la defensa de uno de los más elementales derechos en una democracia: el del voto. El citado cuerpo, integrado por los doctores Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, ha dispuesto un conjunto de treinta medidas para dar transparencia a las elecciones nacionales del 25 de octubre y a los escrutinios provisional y definitivo. Entre ellas, que cada escuela cuente con un cuarto oscuro extra para guardar bajo llave boletas adicionales, y que las actas de escrutinio sean confeccionadas por duplicado, entre otras decisiones tendientes a impedir distintas formas de fraude.
Deben elogiarse estos esfuerzos sustentados en una sensatez que, lamentablemente, no se advierte en quien ejerce el Poder Ejecutivo Nacional, cuya negación de la realidad está conduciendo a que, tras casi 32 años de vigencia del sistema democrático, hoy esté en tela de juicio el principio mismo de la soberanía popular.
Demasiada sangre ha costado a los argentinos la recuperación del voto como para que algunos pretendan convertirlo en un mecanismo pasible de ser manipulado de las más diversas formas. Ante ese peligro, no hay otra alternativa que movilizarse y contribuir desde donde se pueda para que la democracia sea una realidad con letras mayúsculas.
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