11/09/15
Los préstamos ilegales de la obra social de los jubilados al Tesoro de la Nación.
En una medida insólita, el fiscal K Franco Picardi solicitó al juez federal Claudio Bonadio que acote solo al año 2012 una investigación por el desvió de fondos del PAMI para financiar otras actividades del Gobierno. Picardi, dijo al magistrado que “deberá encorsetar” su investigación al año 2012 y no desde el 2008 cuando comenzó la maniobra, revelaron a Clarín fuentes judicial.
Se trata de la causa en que se investiga un eventual fraude a la administración pública por la decisión del titular del PAMI, Luciano Di Cesare, de comprar letras públicas del Tesoro con fondos del PAMI a pesar de que la obra social de los jubilados se atrasa en sus pagos y las denuncias de malos servicios a los jubilados.
Picardi dijo en su escrito que le corresponde a los fiscales fijar los límites de persecución penal según el Código Procesal Penal. El abogado Ricardo Monner Sans explicó que “la ley obliga a los Fiscales a ser custodios del principio de legalidad, con obligación expresa de respetar el principio del debido proceso, requiriendo todas las medidas”. Pero “no es posible frente a una investigación que tiene a cargo un fiscal amputarla por cualquier razón que fuere: es el representante de la sociedad”, agregó. “Quien fraccione una investigación que tiene que ser integral debe ser imputado por violación de deberes de funcionario público, sin perjuicio de suscitarse una pregunta: la Procuradora General –Dra. Gils Carbó- ¿promueve el enjuiciamiento de aquellos fiscales que hacen su trabajo a medias?”
La causa fue abierta por una denuncia de la ex titular del PAMI y actual diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, en el 2013. Ocaña denunció que el PAMI tenía aprobado un presupuesto para el 1012 de 26 mil millones de pesos y que usó parte de ese monto para comprar 2.330 millones de Letras del Tesoro para financiar los gastos del Gobierno. Como el PAMI no le entregaba la información, Bonadio allanó dos veces la sede central de la entidad y secuestró la documentación que necesitaba.
Así descubrió que la operatoria de compras de Letras había empezado, en realidad, en el 2008 y terminado en el 2013.
La ley permite al PAMI invertir si tiene fondos excedentes en depósitos a largo plazo en el Banco Nación u otras entidades financieras.
Entonces, el juez tomó una serie de denuncias sobre deficiencias en el servicio del PAMI a jubilados y pidió un peritaje un peritaje de la Corte sobre todos los movimientos financieros de la obra social desde el 2008 a la fecha, entre otros objetivos. Entonces, Picardi, que pertenece a “Justicia Legítima” pidió acotar el peritaje al 2012 porque “excede el objeto procesal penal”. “El juez fue cristalizando una dimensión investigativa que se proyectó a conductas que trascendieron el cuestionamiento acerca de que la administración nacional habría empleado 2.330 millones de pesos para fines ajenos a los objetivos de ese instituto asistencial”.
También criticó a Bonadio por “el alto grado de inferencia estatal sobre la privacidad y la intimidad, que por definición supone un allanamiento, ante el avance de la investigación traspasándose los ribetes propios de la actividad persecutoria delimitada por el Ministerio Pública Fiscal”.
Luego Bonadio rechazó el pedido del fiscal y dispuso continuar con el peritaje desde el año 2008 cuando empezó la maniobra.
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