Viernes 18 de septiembre de 2015 | Publicado en
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Asesora a Manzur en la presentación; evalúa la intervención para un escenario de acefalía
Era el mediodía cuando Juan Manzur entró por la explanada de la Casa Rosada para reunirse de emergencia con el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el ministro de Justicia, Julio Alak. En el despacho del compañero de fórmula de Daniel Scioli se armó un comité de asesoramiento para que la administración del gobernador José Alperovich agote todas las instancias en la Corte provincial, la apuesta más fuerte del gobierno nacional para torcer el fallo que anuló las elecciones en Tucumán.
El gobierno de Cristina Kirchner sigue cada paso de las apelaciones que emprendió desde ayer mismo tanto la gestión de Alperovich como el apoderado del Frente para la Victoria (FPV) en la provincia, Marcelo Caponio, y descarta en lo inmediato una intervención federal. Esa situación, argumentan, sólo se podría dar si llegado el momento del vencimiento del mandato, el próximo 29 de octubre, no está resuelta la cuestión.
No hay intención de la Casa Rosada de tomar una medida de ese tipo en lo inmediato, a pesar de las declaraciones de ayer en ese sentido del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández,
El Gobierno apuesta todas sus fichas a la resolución del conflicto por parte de la Suprema Corte de Justicia de Tucumán, la instancia judicial que, según entienden, es la única en condiciones de hacerse cargo. Descartan que el máximo tribunal nacional deba intervenir.
Para Balcarce 50, los ejes discursivos y jurídicos que recomendaron que siguiera el gobierno de Alperovich son dos: por un lado, demandar por "incompetente" a la sala I en lo Contencioso Administrativo que anuló anteayer las elecciones. Por el otro, plantear ante la Corte provincial que "se están violando los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional".
Por recomendación de la Casa Rosada, todas las acciones las van a llevar a cabo la fiscalía de Estado de la provincia y el FPV. "La intervención federal hoy es un disparate. Esto lo resuelve la Justicia de Tucumán", aclaró anoche un alto funcionario a LA NACION. Por la mañana, Aníbal Fernández había dicho que existe "material suficiente" para intervenir la provincia, pero consideró que "primero" se irá "por la vía judicial".
Es lógico: un intervención federal en lo inmediato mientras todavía Alperovich esté en funciones no tiene sentido ante la necesidad de apurar las recursos de apelación. Es una medida que, en todo caso, deberá aprobar el Congreso Nacional.
Además de Manzur, pasó ayer por el despacho de Zannini el constitucionalista Eduardo Barcesat, que asesora al gobierno de Alperovich. El abogado adelantó que presentará una denuncia penal por "obrar sedicioso" y otra por "prevaricato" contra los jueces Salvador Ruiz y Ebe López Piossek, los autores del fallo que anuló las elecciones.
En la reunión con Manzur, los funcionarios evaluaron en detalle la sentencia y criticaron a los camaristas por considerar que "no están para hacer la ley sino para aplicarla", según pudo reconstruir LA NACION. Entre las conclusiones que sacaron los funcionarios que designó la Presidenta para ocuparse del caso, explicaban que no existían en el fallo especificaciones de delitos electorales, y argumentaban que "no se cita ningún artículo de ningún código que habilite la anulación" de la elección.
El Gobierno creía que la decisión de los jueces estaba prevista que saliera recién hoy. Incluso, contaban con información de integrantes de la Junta Electoral Provincial, que se habían comunicado con los camaristas ante las versiones de que se anularían las elecciones y que les habían dicho que la sentencia ni siquiera estaba redactada. Finalmente, se conoció ayer a las 19.30. "Esto lo adelantaron para tapar la renuncia de [Fernando] Niembro", despotricó uno de los funcionarios más cercanos a Cristina Kirchner.
La Presidenta evitó ayer cualquier referencia a la decisión judicial, pero encomendó a todo su gobierno que cuestionara la sentencia.
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