marzo 14. 2015
La ex esposa del fiscal difunto mantuvo un fuerte cruce con la jueza Palmaghini por dilatar la pericia.
La jueza del caso Nisman, Fabiana Palmaghini, mantuvo fuertes cruces con la ex mujer del fiscal especial de AMIA, Sandra Arroyo Salgado, por la pericia telefónica en torno a las posibles causales de la muerte del funcionario.
En un extenso escrito, Palmaghini retrucó a la querella que lidera Arroyo Salgado junto al defensor público, Germán Carlevaro, por la “innecesaria dilación de las pericias a los celulares de Nisman”.
La jueza hizo lugar a cada medida de prueba solicitada por Arroyo Salgado, como el allanamiento en la vivienda del informático Diego Lagomarsino, pero también cuestionó el tiempo transcurrido para solicitarla, aunque de oficio la fiscalía podría haberlo efectuado.
Pero las estrategias procesales de la querella parecen haber colmado la paciencia de Palmaghini.
Luego de realizar una serie de planteos, dudas y cuestionamientos durante veinticinco días, el lunes pasado, a pocos minutos de iniciada la prueba a los teléfonos celulares, Arroyo Salgado suspendió el proceso.
La decisión se habría tomado cuando saltó a la luz que la computadora de Nisman había sido encendida el día domingo por la mañana. En ese mismo instante, la madre de las dos hijas de Nisman salió del cuarto, y presentó un escrito para frenar el estudio “oficial”, según explicaron a LPO fuentes judiciales que participaron del estudio.
Quedó labrada entonces un acta en la que se dejó constancia de que se retira el perito de parte junto a Arroyo Salgado, y tras diez minutos de dilucidación entre ambos, presentaron un escrito a través del cual solicitaron “desestimar el estudio pericial, suspenderlo y dejarlo sin efecto”.
De esta manera esa pericia carecería de las condiciones de tal porque no pudo efectuarse frente a los peritos del cuerpo de la Corte Suprema, encargados de certificar y otorgarle dicho carácter.
La bronca de Palmaghini
La actitud de Arroyo Salgado molestó “sobremanera” a la jueza de instrucción, Fabiana Palmaghini, quien quedó a cargo de la prueba y deberá determinar si en esas pruebas existen o no elementos “conducentes” para la investigación.
La jueza a cargo de la instrucción mantenía expectativas en esas llamadas telefónicas, tanto de entrada como de salida, mensajes de Whatsapp, mensajes de texto, mails y que permitirían reconstruir las últimas horas de Nisman.
Esta prueba de “tamaña envergadura”, hubiera permitido determinar, si el fiscal especial de AMIA, recibió amenazas, si habló o no con el ex espía, Antonio “Jaime” Stiuso, si recibió órdenes, si fue o no inducido al suicidio, si lo amenazaron de muerte, si le advirtieron sobre sus hijas, o no, etcétera, explicaron especialistas.
La suspensión planteada por Arroyo Salgado, se sustentaría en resguardar la “intimidad” de Nisman y la de sus hijas menores de edad, afirman fuentes cercanas a la investigación.
Además, la querella logró que la prueba quedara a resguardo de la jueza Palmaghini, como si de esta manera demostrara, una vez más, su disconformidad con la labor de la fiscal Fein.
Por ello, y en consonancia con Palmaghini, la fiscal Viviana Fein ordenó a las compañías de telefonía celular Nextel y Claro que preserven toda la documentación relativa a las líneas que utilizaba Nisman.
Fein se habría hecho eco de las advertencias técnicas que le habrían efectuado especialistas sobre el riesgo de que los soportes de las comunicaciones que efectuó Nisman previo a su muerte fueran eliminados de los servidores de las compañías telefónicas.
En ese contexto, a través de sendos oficios, ordenó a Nextel y Claro la conservación de todo el “tráfico” que tuvieron esas líneas. Es que el día del hecho, en el departamento del fiscal en Puerto Madero fueron secuestrados dos teléfonos celulares relacionados a esas empresas.
La orden abarca mensajes de texto, chats, whatsapp y “todo otro” formato de comunicación que Nisman hubiera realizado, con entradas y salidas desde sus líneas.
Según información que le fue proporcionada a la fiscal, las compañías telefónicas conservan sus registros de movimientos en sus servidores durante 60 días. Esta decisión judicial, se toma a casi dos meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que se cumplirán el próximo miércoles.
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