Miércoles 18 de marzo de 2015 | 17:21
Como si al kirchnerismo le faltaran paradojas, la demonización salvaje de Alberto Nismanintrodujo una nueva. Cristina Kirchner sostiene que el acuerdo con Irán era el único camino posible para indagar a los iraníes acusados de volar la AMIA debido a que la Constitución argentina no permite el juicio en ausencia. Y al mismo tiempo ordena acusar al fiscal muerto, ausente definitivo, con todos los adjetivos peyorativos que haya en el diccionario. Ausentes no, ¿muertos sí?
La realidad es justo al revés. Un muerto no puede ser juzgado, los muertos no son objeto del derecho, pero un acusado ausente sí. Muchos países tienen juicio en ausencia (Francia, por ejemplo, lo aplicó para juzgar y condenar a Alfredo Astiz) y si no se lo instrumentó en la Argentina fue porque el Gobierno no quiso. "Por nuestro orden constitucional" -dijo en forma confusa la Presidenta ante la Asamblea Legislativa- "no puede haber juicios en ausencia". Así que no quedaba más remedio, según ella, que negociar con Irán. La Constitución, sin embargo, no impide los juicios en ausencia. Bastaría una reforma legal para instrumentarlos.
Un muerto no puede ser juzgado, los muertos no son objeto del derecho, pero un acusado ausente sí. Muchos países tienen juicio en ausencia
Es curioso que un gobierno que mandó a hacer una ley para adelantar elecciones porque pensó que así las ganaría, que hizo otra ley a su medida para estatizar Ciccone con el fin de auxiliar al vicepresidente procesado por corrupción, que legisló para perseguir a la familia Noble obsesionado por probar que la dueña de Clarín era apropiadora de bebes y, en definitiva, que sacó cuanta ley se le antojó, se resista a legislar los juicios en ausencia argumentando una rigidez legal intocable. En su momento lo pidieron, entre otros, la DAIA y la AMIA, pero el Gobierno sostuvo que lo único que se podía hacer era un acuerdo con el país de los acusados (una teocracia) para algún día llegar a indagarlos.
Más curioso es que después de rechazar los juicios por ausencia, el Gobierno cuelgue virtualmente en la plaza pública al fiscal que murió en extrañas circunstancias tras denunciar a la Presidenta por encubrir precisamente a los imputados iraníes. La prisa por acusar de diversos delitos a Nisman, sobre la base de una versión atribuida al misterioso Diego Lagomarsino que sólo se conoció por lo publicado en un diario vinculado al Gobierno, marca también un contraste con el tratamiento dispensado al vicepresidente. Para el Gobierno, el multiprocesado Amado Boudou es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, pero Nisman, quien nunca más podrá replicar a nadie, era un "turro", un "sinvergüenza" que cometió delitos y que gastaba "con minas" el dinero que el Gobierno "le daba" para investigar el atentado de la AMIA.
Curioso es que después de rechazar los juicios por ausencia, el Gobierno cuelgue virtualmente en la plaza pública al fiscal que murió en extrañas circunstancias tras denunciar a la Presidenta
El Gobierno, de todos modos, no necesitó esperar a que los protagonistas de la trama Nisman se enredaran en denuncias cruzadas relacionadas con presuntas irregularidades dinerarias del fiscal para demonizarlo. Lo viene haciendo desde el primer día, sólo que el descrédito aparece ahora reforzado con fotos de Nisman acompañado por mujeres desinhibidas y con el complemento de un capítulo administrativo cargado de sospechas.
Dado que la denuncia de Nisman ya fue revalidada por otros fiscales (ahora se encuentra a nivel de la Cámara), la pertinaz necesidad oficial de manchar al fiscal no parece explicarse en el objetivo de desacreditar su texto original.
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