Un intento de frenar otro avance sobre la Justicia

Miércoles 12 de agosto de 2015 | Publicado en

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Por Adrián Ventura | LA NACION

 La ley 27.145, que en junio autorizó al Consejo de la Magistratura a entronizar a simples abogados como jueces, había nacido como una nueva y desprolija provocación del Congreso a la Justicia. Los consejeros del FPV aprovecharon para nombrar a un ignoto letrado en el máximo tribunal penal. Ahora, muchos jueces de todo el país parecen decididos a que aquella ley no se aplique.

El fallo de ayer, además de equilibrado, es parte de esa reacción. Y uno de los dos jueces firmantes, Rodolfo Facio, es un hombre de extrema confianza del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

En apenas dos meses de sancionada, las críticas a la ley fueron generalizadas. Ocurre que en toda la historia argentina las vacantes judiciales, que se producen cuando un juez fallece, renuncia o es separado de un caso concreto, siempre se cubrieron con otros jueces en actividad, ya fuera del mismo tribunal donde está la vacante o de otro tribunal.

A veces se recurrió a los jueces jubilados. Incluso, en muchas ocasiones, se nombra a secretarios judiciales, que son parte del Poder Judicial y que todos los días redactan cientos de sentencias. La consejera Gabriela Vázquez siempre los defendió correctamente.

Más aún, excepcionalmente, en los pueblos muy aislados de nuestra geografía, cuando un juez se enferma y el magistrado más cercano vive a 300 o 400 kilómetros, se nombra a un abogado como juez. No hay otra solución posible.

Pero nunca un partido político había procurado llegar tan lejos como el FPV.

La presidenta Cristina Kirchner quiso intentarlo: hace dos años había avanzado contra los jueces cuando logró que el Congreso aprobara las leyes de democratización de la Justicia, que la Corte declaró inaplicables o inconstitucionales. Ahora, logró la aprobación de la nueva ley, que está redactada a contramano de la Constitución nacional. La Constitución exige que un juez surja de un concurso, que integre una terna, que lo nombre la Presidenta y lo apruebe el Senado. La ley estableció lo inverso: el Senado elabora un listado de abogados -oficialistas, claro- y el Consejo, sin concurso, los nombra.

Martín Fierro había aconsejado "hacerse amigo del juez". Carlos Menem nombró a sus amigos en la Justicia. El FPV ni siquiera se preocupó de las formalidades y, directamente y al margen de todo requisito constitucional, autorizó al Consejo a poner en funciones de juez a algún abogado que, por sus contactos, logró aparecer en los listados que el Senado aprobó entre gallos y medianoche.

A los jueces más alejados del Gobierno les pareció que se había llegado demasiado lejos.

Apenas sancionada la ley, unos 40 magistrados de todo el país se reunieron con Lorenzetti y lo abarrotaron con cientos de argumentos y escritos en los que cuestionaron los vicios de la norma.

Luego, colegios de abogados, la Asociación de Magistrados y varias ONG presentaron demandas.

La Corte, liderada por Lorenzetti, conversó con el Consejo. Y este organismo decidió que era hora de desacelerar: dejó de lado la nueva ley y, volviendo al régimen anterior, permitió que las cámaras federales cubran las vacantes con otros jueces. En definitiva, son jueces que, en lugar de atender un despacho, atienden dos.

Por las dudas, la Sala I de la Cámara Federal porteña -Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah-, muy alejada del Gobierno, declaró inconstitucional la ley. Y, ayer, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, cuando suspendió su aplicación, dejó en claro que esa ley sería inconstitucional. Un tiro de gracia.

El fallo es equilibrado: no repone a Luis Cabral en el cargo de Casación. Hacerlo sería una provocación. Pero sí removió al abogado que había llegado por la ventana para reemplazar a Cabral.

Desde el punto de vista institucional, la Cámara abrió la puerta a una solución acertada tratando de herir lo menos posible al FPV, que se prepara para abandonar el poder.