La presidente, al anunciar sin fecha la reforma del Código Penal al
Congreso, elaborada por una comisión que estaba representada por todas
las fuerzas parlamentarias anteriores a las últimas elecciones
legislativas, no imaginó que Sergio Massa aprovecharía para retomar la
ofensiva con su oposición al proyecto. La maniobra descolocó además a
las otras fuerzas políticas y el cristinismo, que sólo atinó a
descalificar a Massa por ignorante del derecho, oportunista y varios
epítetos más, que lo único que logran es que el tigrense coseche mayor
apoyo popular y de los medios de comunicación en un país asolado por la
inseguridad, a la cual el gobierno pensó atacar con un Código Penal de
la impunidad.
Da lástima ver que Jorge Capitanich y Aníbal Fernández
ataquen todos los días al llamado a la consulta popular con argumentos
de técnica legal o constitucional aislándose más aún de la opinión
pública. Por otra parte, en febrero, donde se destacó la paz cambiaria
provisional, se produjo una disparada de precios mucho mayor que en
enero, por el traslado de la devaluación de fin de ese mes, que se
trasladó al segundo del año con una cifra del 5%. Y ahora hay que
esperar la segunda prueba que pasará el IPCNU, que aprobó en enero con
un 3,7%, lo exigido por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
que pondrá la lupa para ver si el gobierno vuelve a mentir con las
cifras en el segundo mes del año.
Es dudoso que el oficialismo convalide
el 5% que dan las consultoras privadas, lo que puede constituir un paso
atrás en la normalización del INDEC y que se corte antes de tiempo la
intención de sostener en el tiempo los pasos que le exige el Fondo y los
Estados Unidos, todo esto sin garantizar el éxito ante la Corte Suprema
de ese país por los juicios de los holdouts.
La escalada
En el frente interno, la negociación de las paritarias se trabó en las conversaciones con los docentes, que sólo acordaron en algunos distritos manejados por la oposición y amenazan con seguir demorando el inicio de clases. Y los primeros números que se tiran en las negociaciones con los trabajadores privados no hay un solo gremio que no pida un 35%, salvo alguno con sueldos altos, que acepte un porcentaje un poco menor. Un aumento de este tipo dispararía más la inflación, que a su vez atrasará el tipo de cambio, lo que obligaría a devaluar -se supone que dentro de 90 días-, después que se liquide una parte importante de la cosecha de la soja.
Pero al mismo tiempo se deberían liberar las autorizaciones para las importaciones que no se hicieron desde el 22 de enero y que amenazan con hacerle perder reservas al Banco Central. Sin embargo, al finalizar esos 90 días de los cuales el BCRA saldrá empatado, ya habrá poca cosecha para liquidar y nuevamente se sentirá la presión sobre el dólar oficial y el blue, que obligarán a devaluar y volver a perder más reservas en medio de una recesión muy grave. La misma producirá conflictos sociales, por el desempleo o suspensión de actividades de muchas de las grandes empresas. En este marco, no se puede descartar un estallido social de imprevisibles consecuencias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario