Retórica y necesidad

Prensa Republicana

El nuevo sitio de Nicolás Márquez

9 marzo, 2016

Por Vicente Massot. 

Para el público en general —que se entera de las noticias por vía de los diarios, los noticieros radiales o los programas políticos de la televisión— existiría una tensión indisimulable entre Mauricio Macri —o si se quiere, el gobierno que él preside— y los gobernadores del PJ y las bancadas opositoras con representación en las dos cámaras del Congreso Nacional. El tema que los tendría ocupados y en veredas diferentes es el reclamo de los mandatarios provinciales por la devolución de 16,9 % de los fondos coparticipables que éstos ceden a la Nación para financiar a la ANSES y a la AFIP. Como en el Senado el justicialismo tiene los votos suficientes para dar luz verde o ponerle palos en la rueda al levantamiento de la ley Cerrojo —condición necesaria para cerrar el acuerdo con los hold–outs— se presume que el poder de presión o de extorsión de la liga de gobernadores —unidos a sus respectivos senadores y diputados— seria inmenso y que, tarde o temprano, el Poder Ejecutivo debería ceder a sus demandas.

En realidad, la negociación ha concluido y —salvo un imponderable de último momento— en los próximos días el gobierno obtendrá lo que desea y la Argentina saldrá del default que tanto le ha costado en el curso de los últimos quince años. Que el pacto entre las partes no será gratis para la administración central lo sabe cualquiera. El do ut des —doy para que me des— no es un invento moderno. Tan antiguo como el mundo, pone al descubierto algo elemental: en una relación de fuerzas inestable, éstas deben estar dispuestas a negociar, de manera de no desaparecer de la escena, y deben tener presente cuál es su posición de mínima. En este orden de cosas, los gobernadores no tienen otra alternativa más que alinearse con el oficialismo para dar por terminado el default. Lo contrario sería un suicidio. Esa postura opuesta es la que —en soledad, sin nada que perder— enarbola Cristina Fernández desde El Calafate. La diferencia de la ex–presidente con Urtubey, Gioja, Insfrán, Zamora y tantos otros es que si fracasase la salida del default, a las provincias no les iría mejor que a la administración macrista. Como perderían todos —cierto que unos en mayor medida que otros— la única solución es aunar criterios y olvidarse de las diferencias, al menos en esta oportunidad.

Es menester distinguir las declaraciones de los políticos, de sus decisiones. Resulta lógico que algunos gobernadores y no pocos diputados y senadores hagan las veces de hombres rudos en público y sostengan, con firmeza, que no serán furgón de cola del oficialismo. Si no lo hicieran demostrarían ser tontos; y entre ellos, la tontería no abunda. Pero cuando hablan saben que el gran público no se caracteriza por los análisis finos. La gente lee las grandes letras y escucha las frases efectistas, sin ocuparse de bucear en el fondo de las cuestiones. Por eso, luego de la declamación pública los gobernadores, senadores y diputados del PJ y del FR se han sentado con el gobierno para obtener ayuda económica a cambio de sus votos.

Macri requiere un número de voluntades en el Congreso, de las cuales carece. Sus contrincantes necesitan los recursos que, en un país unitario como el nuestro, sólo tiene a su disposición la Casa Rosada. Así de sencillo. El acuerdo, pues, está cerrado. Casi podría decirse, sin incurrir en exageración ninguna, que era un asunto concluido antes de iniciarse las conversaciones entre las partes. Lo dicho no supone un descrédito ni para las autoridades nacionales ni tampoco para los peronistas y representantes del massismo. La política —aunque muchos se nieguen a considerarlo así— en determinadas circunstancias obedece a leyes físicas. Macri recorre en estos momentos un camino que hubiesen debido transitar —les gustase o no— Daniel Scioli o Sergio Massa en caso de haber sido triunfadores en los comicios del 1º de diciembre pasado.

La idea de que esta es un puja de fuerzas equivalentes resulta falsa. Quizá tendría andadura si muestra organización fuese federal. Como no lo es, Macri sigue siendo infinitamente más poderoso que el conjunto de autoridades provinciales y legislativas No sólo en razón de ser el dueño del grifo financiero sino también porque la luna de miel continua vigente. El PJ y el Frente Renovador saben el costo que deberían pagar ante la sociedad si acaso intentasen seguir la estrategia planeada por el kirchnerismo más recalcitrante.

En alguna medida lo que venimos diciendo de las banderías opositoras dialoguistas —para llamarlas así— se extiende a parte del buena kirchnerismo puro y duro. Las declaraciones del senador Juan Manuel Abal Medina, cruzando a Héctor Recalde respecto de su decisión de no dar quórum en la discusión sobre el tema de los hold–outs, plantea hasta qué punto ni siquiera los seguidores más firmes de la ex–presidente están dispuestos a aceptar a rajatabla sus órdenes. En el fondo, todos saben que la derrota de diciembre ha abierto en la Argentina un espacio de debate imposible de imaginar en los años en los cuales ellos —sin excepción— formaban fila detrás de Néstor Kirchner y de su mujer, como chicos de escuela obedientes. Casi ninguno se llama a engaño acerca del futuro que les espera si insisten en acatar la disciplina que pretende imponerles su ex–jefa, como si nada hubiese cambiado.

Daniel Scioli dio muestras proverbiales de servilismo durante aquellos años. Pero no fue el único. El gobernador de Salta, el de San Juan y el matrimonio Zamora le fueron en zaga. Sólo que estos tres —como Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Manzur (Tucumàn) y Domingo Peppo (Chaco)— percibieron con realismo cuanto el bonaerense todavía no ha terminado de entender: que el kirchnerismo es cosa del pasado y que la caja se halla en manos de Macri.

La discusión que se abre paso en el horizonte y verdaderamente importa en términos de lo que puede suceder de aquí en adelante no es la de los hold–outs. Tampoco la de los fondos adeudados a las provincias ni —menos aún— el resucitado tema de cómo murió el fiscal Nisman —algo que nunca terminará de saberse— sino con base en qué estrategia actuará el equipo económico cuando haya despedido al default y la Argentina sea capaz de endeudarse en los mercados internacionales de crédito.

Por mucho que se busque, nadie hallaría un titular en la primera página de los grandes matutinos respecto de semejante cuestión. Salvo a los especialistas en la materia —que no son muchos— la cuestión le interesa poco o nada a la gente. Y —aun cuando le interesase— no estaría en condiciones de entenderla. Sin embargo, es de una importancia capital. Bien podría decirse que es la decisión de mayor trascendencia que deberá tomar la administración de Cambiemos en lo que resta del año.

Que el país necesita sumar deuda es algo fuera de discusión. Que hay pagos impostergables no es materia abierta a debate. Ahora bien, ¿tiene sentido endeudarnos para sufragar gastos corrientes? Es la pregunta del millón.