05/03/16
La columna de Lanata
Hay estereotipos del pensamiento argentino que, apenas uno toma un poco de distancia de ellos, pierden sentido y se desnudan en la evidencia de su error; antes de las elecciones hablamos de uno de ellos: el pensamiento billar. El pensamiento billar es ese que se aplica especulando sobre el resultado electoral: voto a A pero no porque me guste, sino porque si A gana entonces B, al aliarse con C hace que D tenga una derrota segura. Así, nunca votamos de acuerdo a lo que nos gusta, sino a favor del que odiamos menos, para que pierda el que odiamos más (y, por favor que las abuelitas no se persignen por la palabra “odio” en un país en el que el hincha de River se alegra más por la derrota de Boca que por el triunfo propio).
En estos días se discute un “protocolo” a seguir en el caso de las manifestaciones callejeras; las reacciones frente al tema han sido de lo más extemporáneas, por poco calificando de nazi a la medida. ¿En qué está mal que el Estado acuerde con un sector cómo defender sus derechos sin pasar por arriba los derechos de los demás? ¿Los semáforos restringen la libertad de tránsito? Todos tienen derecho a pasar, pero pasan unos primero y otros después. Se dirá que en este caso no hay personas reclamando por un conflicto urgente: no hay modo de saberlo: quienes ven obstaculizada por una marcha su libertad de transitar pueden perder el premio, su asistencia, la firma de un negocio o simplemente ocio en paz.
Lo autoritario sería, por el contrario, evitar un protocolo: la Asociación de Criadores de Canarios decide que quiere bajar el precio de la lechuga y rodea la estación Constitución (¿por qué no tendrían derecho a hacerlo?); en consecuencia los pasajeros de todos los trenes se quedan sin ir a su trabajo o sin volver a su casa. ¿Qué hace el maldito protocolo? Acuerda con los pasajeros, los canarios, los asociados y el ciudadano cómo respetar todos los derechos a la vez, o cómo perjudicar lo menos posible a cada uno.
¿Alguno de los que atacan el protocolo intentó cortar alguna vez la Quinta Avenida en Nueva York, o la calle 23 de El Vedado en La Habana? En el primer caso, la llamada Primera Enmienda protege la libertad de expresión y plantea algunas restricciones “que no deben basarse en el contenido, deben ser ad hoc para atender un interés sustancial del gobierno y deben dejar abiertos otros canales de comunicación”. Los manifestantes deben acordar, por ejemplo, el volumen de los altavoces que se utilicen si es una zona comercial, imponer límites razonables si es un vecindario residencial. Para que se entienda lo que es libre expresión: en 1969 el Tribunal Supremo de Estados Unidos desprocesó a un miembro del Ku Klux Klan que defendía la venganza contra los judíos y los negros.
En Venezuela, por ejemplo, el derecho también está regulado “cuando se trate de impedir el normal funcionamiento de las reuniones de los cuerpos deliberantes, políticos, judiciales o administrativos, u obstaculizar el libre tránsito” (artículo 51 de la Ley de Partidos Políticos), con un agregado: el Ejército está autorizado a usar armas de fuego para controlar manifestaciones y reuniones públicas. El artículo 22 autoriza “armas potencialmente mortales”. En Cuba no hay ninguna disposición jurídica, pero cuando sucede alguna marcha responden los llamados Brigadas de Respuesta Rápida (BRR) que se forman en centros laborales, de estudios y barrios, una especie de brigadas paramilitares que tienen la misión de rechazar las manifestaciones contrarrevolucionarias con armamentos rústicos, palos, piedras y cables.
Hace unos días, frente a público universitario de Boston, tuve que aclarar -con cierta vergüenza- que en Argentina se obliga por ley al ingreso irrestricto en la Facultad. Menos mal que nadie preguntó por los resultados, y sólo sonrieron frente al dato pintoresco.
Otro estereotipo argentino que se defiende aun cuando la realidad demuestra de sobra su ineficacia: el 65% de quienes terminan el secundario en la Argentina intenta ingresar a la Universidad (aclárese que ese 65% es menos de la mitad de los que entraron al secundario, la otra mitad deserta). De ese 65 que entra, el 20% abandona antes de rendir el primer examen, y el resto aprueba alguna materia pero no llega al año siguiente. Antes del segundo año la mitad del 65% inicial ya abandonó, a la recta final sólo llega el 20%.
En América latina sólo Argentina Uruguay, Bolivia y Guatemala reivindican el ingreso irrestricto basado en un confuso argumento sobre el acceso de las clases vulnerables: sólo el 5% de la matrícula proviene de esos hogares y el 30% integra el quintil más favorecido de la población. O sea: la clase baja -con sus impuestos directos e indirectos- sostiene la educación de la clase media. En Ecuador, por ejemplo, se aumentó la presión del examen: quienes opten por Medicina o Ciencias de la Educación deben obtener 800 puntos sobre 1.000, y 600 los de las demás carreras; en Cuba los estudiantes deben anotarse en diez opciones tomando en cuenta los promedios históricos del examen de ingreso: si quiere, por ejemplo, estudiar lenguas extranjeras y es un estudiante de 80 puntos y en la carrera se promedia 95, es mejor que no pierda el tiempo en intentarlo.
Los países con sistema de acceso abierto tienen baja titulación: Bolivia 27%, Guatemala 24% y Uruguay 28%; mientras que aquellos que toman examen presentan altos resultados: Colombia tiene 57%, Brasil 60% y Chile 46%.
El argentino escapa del examen como escapa de la realidad: los números no están bien vistos: podrían demostrarnos que no somos lo que creemos ser.
No hay comentarios:
Publicar un comentario