CARTAS Y NOTAS DE NUESTROS AMIGOS LECTORES
La denuncia penal contra
Alicia Kirchner por corrupción con el programaArgentina Trabaja está
muy avanzada y la tiene justamente Oyarbide, que no hizo declarar hasta la
fecha a ningún funcionario. Pero es una de las cartas que se juega el hoy juez
cuestionado.
El día 1° de octubre de 2012, fue denunciada penalmente la
ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, o quien sea
responsable, por presuntos delitos en la distribución de fondos del
programa Argentina Trabaja, que suman $ 5.000 millones, ante
evidencias de cobros por medio de cooperativas inexistentes, en principio, en
Chaco, Gran Buenos Aires y Santa Fe, cuyas autoridades responden al gobierno
nacional. Toda esta mecánica se puso en práctica desde el momento mismo en que
se instrumentó el Plan Argentina Trabaja por lo que están en
juego miles de millones de pesos.
El
sistema de distribución de fondos de Desarrollo Social se realiza con todas las
intendencias y gobernaciones afines al oficialismo kirchnerista.
La
presentación escrita a cargo del abogado Jorge Vitale recayó en el Juzgado
Federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide, fiscal Patricio Everst.
Es
la causa 10.331/12 caratulada “Abuso de Autoridad, Malversación de Caudales
Públicos, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública y
Violación de Deberes de Funcionarios Públicos”.
El
abogado fundamenta su denuncia en las pruebas mostradas en el programa
“Periodismo Para Todos”, que el Canal 13 emitió el 23 de septiembre del 2012.
Allí
se conocieron los testimonios de los concejales del municipio de Quilmes, Mario
Sahagun (FAP), Diego Buffone (CC) y Fernando Pérez (UCR). Los tres coincidieron
en precisiones sobre la utilización que las autoridades comunales hacen de
gente careciente, haciéndoles facturar por millones, pero que cobran otras
personas.
Con
este mecanismo, el municipio de Quilmes, que encabeza el metalúrgico “Barba”
Gutiérrez, registra cerca de una veintena de proveedores fantasmas que
durante 2011 y el corriente año facturaron por 5 millones de pesos.
En
este caso, los coincidieron en señalar que José Luis Pavón, mano derecha del
ministro de Producción comunal, Guillermo Robledo, ser el vínculo con el NT.
En
Chaco, se indica, además, la bronca de varios cooperativistas perjudicados por
estas graves irregularidades, los cuales también refieren a que “varios de los
punteros beneficiados con estos fondos hasta llegar a pasearse con 4×4 con el
mayor desparpajo”.
La
ministra Kirchner tiene para su área un presupuesto de $ 27.485 millones, de
los cuales $ 5.000 millones corresponden al Programa Argentina Trabaja.
En
la denuncia se insiste en que el delito se configura, ya que los fondos que
distribuye la ministra Kirchner, según este informe, son cursados a través de
cooperativas inexistentes o que en el caso de existir, son solamente un sello.
Son integradas por personas que carecen de recursos económicos, por caso
jubilados, desocupados, y hasta ex convictos.
Así,
se fundamenta que la responsabilidad del ministerio de Desarrollo Social surge
a partir de la entrega de esos fondos sin que se acredite debidamente el
destino final de los mismos que, como queda evidenciado en los casos referidos,
no son a beneficiarios necesitados de esa ayuda. Es decir, que esos fondos no
son destinados al Programa Argentina Trabaja, sino que serían utilizados para
cajas políticas o, en su defecto, consumidos por corrupción.
Este
tipo de cooperativas de trabajo encubren el asistencialismo y no crean empleos
genuinos.
Este
plan es una red de defraudación de dinero público
Son
nulos los controles. Quienes están encargados de estos controles son el
Ministerio de Desarrollo Social, la SIGEN, los Tribunales de cuenta de cada
provincia, la universidad estatal y entes cooperativos. Todos estos entes y en
especial la SIGEN, con su titular a la cabeza, han dicho que estos planes son
perfectos; en cambio, las cooperativas, los municipios y diversas denuncias en
cada una de las provincias dicen todo lo contrario.
La
población a cubrir en la actualidad y que estaría en condiciones son 4 millones
de personas. Y los beneficiarios son 100.000. La cantidad de cooperativas, en
este momento, son 2.000, de las cuales más del 25% tienen denuncias. La
remuneración que recibe cada persona es de aproximadamente $ 2.600.
Este
plan solamente cambia su nombre para diferenciarse de la década del noventa,
cuando se lo llamaba Plan Trabajar, y del año 2002,
cuando se lo llamaba Jefe de Hogar; sólo difiere en el título de la
asignación presupuestaria. Antes se la llamaba subsidio o asistencialismo y
ahora se le llama Plan Trabajar Argentino, cuando es exactamente
igual que los plantes antes mencionados, ya que la mayoría de las personas
incluidas en dichas cooperativas no trabajan y solamente firman planillas que
dan origen a rubros de presentismo y otros rubros que son, en el mejor de los
casos, lo que se quedan los punteros, y en otros casos, lisa y llanamente con
porcentajes más altos.
Existe
un caso testigo de Florencio Varela donde cobran el beneficio 10.000 personas.
Si todas ellas salieran a trabajar ese día en Florencia Varela, se vería nada
más que trabajadores del plan, situación que no sucede.
Este
plan se distribuye fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, en todas
las intendencias afines al gobierno. También Tucumán, Corrientes, San Juan y
Entre Ríos.
La
mayoría de las personas de este plan no trabaja, ya que ellos mismos reclaman
elementos para desempeñar tareas, que no tienen, llámense herramientas o
materiales. Estas personas son utilizadas pura y exclusivamente para presenciar
actos políticos públicos del gobierno nacional.
El
acceso a estos planes sólo es posible para aquellos que tengan una relación
directa con el Gobierno. Todo esto surge de un informe realizado por la
Universidad Católica Argentina, que se encuentra publicado en la serie Informesde
la Economía Real, Empleo y Desarrollo Social, a cargo del Director Patricio
Millán y los investigadores Jorge Colina y Osvaldo Giordano, Año VI, N° 29.
Febrero de 2011.
Todo esto se ve corroborado, no sólo por el informe de campo
realizado por la universidad en los distintos lugares, sino también por todas
las denuncias realizadas por cooperativas, realmente constituidas y que no han
podido ingresar en el plan por cuestiones políticas, por particulares que se
han sentido afectados, por concejales y diputados provinciales y nacionales,
tal cual lo expone la crónica desde el año 2010 hasta la fecha. También se
corrobora por las denuncias de Chaco, de la Provincia de Buenos Aires, las de
Florencio Varela, Quilmes, etc.
Ésta es una de las causas que se reserva Oyarbide para activar
en el caso de que el gobierno le suelte la mano, que como vemos no va a
ocurrir.
Muchas gracias al AMIGO G.T. por el envío.
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