31 / 07 / 2013
MARCELO ARIAS Y UNA MUERTE ESCALOFRIANTE
El ingeniero mendocino Marcelo Fabián Arias,
CUIT 20-24160584-2, viajó temprano el viernes 19 de julio pasado a Córdoba. No
se sabe qué fue a hacer ni a quién quiso contactar.
El viaje fue extraño: no se alojó en ningún
lado y, a las pocas horas apareció flotando boca abajo en el río Suquía,
asesinado a golpes. Tenía la boca destrozada, la nariz hinchada y ambos codos
quebrados. ¿Un intento de robo? Imposible, su billetera estaba intacta y sus dos
celulares permanecían a su lado. Solo le faltaba un maletín con papeles de
presunta importancia.
Pronto, las miradas comenzaron a enfocarse
en su actividad como empresario, al frente de la empresa Newen SA, con sede en
Mendoza, contratista del estado cordobés y denunciada en el año 2012 por
enriquecimiento ilícito. Un dato: ante la Inspección General de Justicia está
inscripta bajo código 741300 que reza “estudio de mercado, realización de
encuestas de opinión pública”.
¿Tendrá su muerte algún vínculo con esta
firma? Esa la pregunta que carcome al fiscal de instrucción Alberto Mana y que
aún no tiene respuesta clara.
El único indicio al respecto lo aportó el
abogado de la familia Arias, Mauricio Cardello, quien admitió que el ingeniero
era una suerte de “prestanombre”, pese a aparecer como presidente de Newen y ser
importante accionista de otra empresa del
rubro.
“No era la persona encargada de llevar
adelante la compañía. Arias era el presidente formalmente, pero no
materialmente”, reveló el letrado a este
medio.
Y fue aún más allá: al ser consultado sobre
quién era entonces el jefe de Arias y real titular de la empresa contratista del
Gobierno cordobés, dijo que la familia cree que “el verdadero dueño es el señor
que fue mencionado en la investigación de La Voz del Interior del año pasado,
que fue un funcionario importante en la gobernación de (Juan) Schiaretti”
(foto).
Por lo que pudo deducirse, se trataría de
Roberto Daniel Martín, CUIT 23-17335478-9, quien en 2007 fue designado por el
gobernador Juan Schiaretti como secretario en el área de Transporte y Servicios
Públicos.
“Martín fue llevado al Gobierno por Hugo
Testa, quien entonces era ministro de Obras y Servicios Públicos y ahora se
desempeña como titular de la cartera de Infraestructura del gobernador José
Manuel de la Sota”, según La Voz.
Desde un principio, a Martín se le cuestionó
que, desde el ámbito público, seguía ligado a la que era su actividad privada,
ya que en 2006 había firmado como presidente de Newen para trabajar en el
gasoducto de Sierras Chicas.
“Dentro de la compañía no sé puntualmente
cuál era su función, pero sí sabemos que Marcelo respondía a las directivas de
Martín”, aseguró el abogado Cardello a este
diario.
Línea de Tiempo
¿Cómo fue el último día de vida de Arias? Es
lo que intentan reconstruir los investigadores a efectos de intentar entender
cómo pudieron haber sido los detalles de su asesinato. Lo poco que pudo saberse
hasta ahora es que no se alojó en ningún hotel y que mantuvo una reunión en el
barrio Nueva Córdoba.
A su vez, gracias al ticket de un taxi que
tenía en su billetera, se conoce que desde ahí viajó 45 minutos hasta la calle
Juan B Justo, donde tenía una reunión en la sede de la empresa estatal Ecogas,
lugar al que jamás llegó.
Según InfoJus Noticias, el taxista declaró
que lo vio entrar al edificio de enfrente, el Centro de Participación Comunal
(CPC) Centroamérica. “Pudo haber ido al cajero”, especula el fiscal. Eran las
11:40 de la mañana y desde allí realizó una llamada a su empresa, en Mendoza,
avisando que faltaría a la cita porque se había olvidado unos
documentos.
Es lo último que se sabe de Arias. A partir
de entonces, su suerte es todo un misterio.
Se sabe que se cruzó con sus
atacantes, pero no exactamente cuándo ni
dónde.
Hay especulaciones de que pudiera haber
regresado en taxi al centro a la casa
de una hermana, que ese día justo no se
encontraba en Córdoba, aunque sí su marido. Es decir, el cuñado de Arias.
Una firma bajo sospecha
Según pudo saber InfoJus, desde marzo de
2012 descansa en la fiscalía del fuero Anticorrupción de Córdoba un expediente
contra Newen, el ex ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, y nueve intendentes,
por la comisión varios delitos.
La firma se habría beneficiado en la
concesión de millonarias obras cuyo seguimiento técnico estaba a cargo del ahora
difunto Arias. Newen también cobraba cánones a las comunas de las Sierras
Chicas, una región cercana a la capital, por tareas que no
realizaba.
Quién efectuó la denuncia penal es el actual
legislador Ricardo Fonseca, sobre la base de una investigación del periodista
Sergio Carreras:
“La empresa era y es una operadora del
gobierno provincial, y sus directivos formaban parte del gabinete. La consultora
pasó a tener ahora extensiones internacionales en Madagascar y Sudáfrica”, dijo
el diputado.
Fonseca fue más allá al admitir a este
portal lo mismo que sugirió el abogado Cardello: "Tenemos claro que Arias era
solo un prestanombre". Y reveló que, ya en 2010, el titular de Newen había
firmado contratos con la provincia.
Respecto a la pata política, Fonseca
aseguró que "acé están metidos todos (...) Schiaretti es socio de De la Sota.
Todo tiene que ver con todo".
Para el legislador, esto se da en el marco
de una "corrupción estructural a través de la fabulosa obra de gas en toda la
provincia de Córdoba por mil millones de dólares que al final nunca se
hizo".
A lo antedicho, debe agregarse lo averiguado
por este cronista y que aparece en el Boletín Oficial del 4 de diciembre de 2007
(Nº 25.794): hubo en esos días una reforma del directorio que nombró a Nicolás
Di Tullio como suplente. Se trata de un hombre que fue procesado en el año 2001
por lavado de dinero de drogas por parte del juez federal Canicoba Corral.
En esos días, Di Tullio se presentaba como
inversor inmobiliario en Mar del Plata y sabía organizar maniobras de lavado de
dinero que realizó el Cartel de Juárez en la Argentina. “Fue detenido el 28 de
mayo último bajo la sospecha de ser uno de los testaferros de los
narcotraficantes mexicanos en la Argentina en la compra de sociedades
propietarias de estancias, campos, departamentos y un hotel valuados en
alrededor de 12 millones de dólares, que llegaron al país para ser blanqueados”,
publicó en esos días diario La Nación.
Según las constancias de la causa, la
investigación se inició por una denuncia de un representante del gobierno de
México que habló de la llegada a la Argentina de dinero del Cartel de Juárez,
cuando estaba liderado por Amado Carrillo Fuentes, fallecido en una operación de
cirugía plástica para cambiar su
apariencia.
A esa denuncia se sumó la investigación que
realizó el Servicio de Aduana de los Estados Unidos, que montó la denominada
operación Casablanca.
El operativo consistió en infiltrar agentes
en el Cartel de Juárez para que depositaran el dinero "sucio" en cuentas
abiertas al efecto y rastrear su blanqueo.
Así se detectaron las operaciones realizadas
por mexicanos que derivaban el dinero desde el Bank of America de Los Angeles,
desde allí al Citibank de Nueva York y luego al M.A. Bank de las islas Caimán,
en el Caribe.
Finalmente
Mientras estas líneas terminan de
escribirse, los investigadores plantean avanzar en una serie de medidas
referidas al cruce de comunicaciones telefónicas, el análisis de supuestas
amenazas sufridas por Arias los días previos a su muerte y el contacto con su
familia en Godoy Cruz, Mendoza.
También se pondrá el foco en la firma
Amulen, inscripta el 7 de febrero de 2007 en la provincia de Córdoba y donde
aparece clara la figura de Marcelo Arias como socio.
Se trata de una sociedad dedicada a
actividades técnicas de “operación, mantenimiento y administración de gasoductos
y redes de distribución de gas domiciliarios y/o industriales.
En el mismo
sentido, está abocada a “proyectar y ejecutar obras públicas y privadas de gas,
petróleo, agua y energía eléctrica, realizar trabajos de consultoría y dirección
técnica de proyecto y obras relacionados con la distribución, explotación e
importación de equipos, repuestos, herramientas, materiales e insumos
relacionados con el transporte y distribución de gas, petróleo, energía
eléctrica y agua, compra-venta y permuta de
inmuebles”.
La Justicia tiene muchas dudas, pero hay
algo sobre lo que no duda: no se trató de un hurto común y corriente. "Hay algo
que está claro, no fue un robo ni un suicidio", dijo el abogado de la familia a
este medio.
Ni falta hacía que lo
dijera...
Christian Sanz
Especial para MDZ On Line
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