El Punto de Equilibrio de las noticias
02/08/2013
Las autoridades
penitenciarias de los Países Bajos han decidido cerrar ocho prisiones debido a
la falta de reclusos y un recorte presupuestario. Algunas las alquilaron a sus
vecinos belgas. Buenas políticas penitenciarias, mucho servicio controlado a la
comunidad de los detenidos, políticas económicas estables, casi pleno empleo y
muy buena cobertura pública social, finalmente rindieron sus frutos.
Holanda cuenta
con una estructura carcelaria para acoger a 14.000 reos pero el número actual es
de 12.000.
Para reajustar
la situación, las autoridades del país cedieron cárceles a sus vecinos belgas en
régimen de alquiler. Con esta fórmula, los Países Bajos ingresan cerca de 30
millones de euros únicamente con el centro penitenciario de Tilburg, situado al
sur del país.
En paralelo, se
ha planteado la necesidad de reducir drásticamente el tamaño de la plantilla del
personal de las Instituciones Penitenciarias. Con esta medida se podrían
eliminar 1.200 puestos de trabajo.
Holanda cuenta
con una población de 16,6 millones de habitantes y tiene en la actualidad 12.000
presos.
Según el Centro
Internacional de Estudios Carcelarios, el King´s College de Londres, Estados
Unidos tiene 2.300.000 presos entre rejas, lo que supone la cuarta parte de los
reclusos del mundo.
China ocupa el
segundo lugar con 1.600.000, a pesar de tener cuatro veces más habitantes que el
país norteamericano. Esta cifra excluye a los disidentes que están en el sistema
extrajudicial de reeducación por medio del trabajo.
En
Latinoamérica, Brasil lidera el ranking regional con 549.577 reclusos. Le siguen
Colombia con 114.697, Perú con 59.451, Argentina con 59.227 y Venezuela con
50.000 presos.
Cambios en el
modelo carcelario
Entre 1985 y
1995, el estado holandés dobló el número de celdas debido al aumento de la
criminalidad en la década de los 70.
En 1989 se
introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como
sanción un número de horas de trabajo en servicio a la comunidad, en lugar de la
pena de prisión. Estas sanciones se pusieron en marcha en 1997 y el número de
encarcelados con pena de más de seis meses bajó de 23.500 a 18.000.
Este nuevo
modelo defendía que los trabajos en favor de la sociedad favorecían la
reinserción social del transgresor, al no estigmatizarlo como un criminal con la
pérdida de libertad.
En este sentido,
el número de reincidentes era un 20% inferior entre los que habían realizado
trabajos sociales que entre los que habían estado en prisión.
También hay
argumentos económicos que justifican la aplicación de este sistema. Un
delincuente castigado con trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las
tareas en tiempo libre, mientras que un preso cuesta al Estado 100.000 euros por
año.
Nota de Redacción de La Misère Porc:
¿Podremos enviar a todos los Korruptos KK que tenemos? Seguro que no tendrán capacidad en todos los Países Bajos. Además, por lo que puede apreciarse, es un lujo demasiado inmerecido para los atorrantes que podemos proveerles. Estos merecen una cárcel turca.
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