Por Jorge R. Enríquez
A
fines del siglo XIX la Unión Cívica nació para luchar, como una de sus banderas
principales, por la "pureza del sufragio".
La
meta pareció lograrse cuando en 1912 se sancionó la ley 8871, conocida como ley
Sáenz Peña, por el presidente que la impulsó, que fue acordada entre él e
Hipólito Yrigoyen. Pero con el golpe de 1930 llegaron las proscripciones y el
"fraude patriótico". Posteriores quiebres constitucionales hicieron
que la pureza del sufragio fuera una quimera, porque por mucho tiempo ni
siquiera había sufragio.
Desde
la recuperación de la democracia, el 10 de diciembre de 1983, creíamos que ese
problema se había solucionado. Las dificultades económicas y de todo tipo
serían un duro desafío, pero el sagrado principio de la legitimidad democrática
de los gobernantes no sería puesto en duda.
Pero
en los últimos años esa creencia se ha visto lamentablemente puesta a prueba.
Las sospechas de maniobras fraudulentas son múltiples. El espectáculo de la
provincia de Tucumán termina de confirmarlas.
Clientelismo
explícito; leyes y prácticas electorales destinadas a confundir al ciudadano y
a facilitar el desvío de la voluntad popular; compras de votos; quemas de
urnas; alteración de las actas y telegramas; en fin, Tucumán podría haber
montado una "expo" de los peores vicios en materia de elecciones.
Frente
a estos atropellos, el gobierno nacional y su (no querido) candidato
presidencial relativizan las cosas o directamente atribuyen la responsabilidad
a los opositores.
Los
tucumanos, indignados, realizaron una protesta pacífica en la plaza principal
de San Miguel de Tucumán y fueron duramente reprimidos por el gobierno que se
jacta de poco menos que de haber inventado los derechos humanos. Pero no se
amedrentaron y continuaron reuniéndose las noches siguiente, en una
demostración cívica ejemplar.
La
presidenta de la Nación fue fiel a sí misma y no buscó la unión, sino solo
atizar las hostilidades. Dijo que la oposición debe aceptar el resultado. No
comprende que no se trata de un resultado, sino de la transparencia del
procedimiento. No podemos saber si la victoria de Manzur es el resultado de la
voluntad popular o de las maniobras del Frente para la Victoria.
El
Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, no estuvo más feliz. Se embarcó
en una serie de argumentaciones para concluir que la quema de urnas no es
técnicamente fraude, sino otro delito. Poco importa la tipificación penal de
esa conducta. Lo que es horroroso en una democracia madura es que se quemen
urnas.
¿Seguiremos,
ante esta fenomenal degradación de las instituciones, diferenciándonos
por cuestiones menores o por egoístas personalismos todos aquellos que queremos
vivir en un Estado de Derecho?
Viernes 28 de agosto de
2015
Dr. Jorge R. Enríquez
twitter:
@enriquezjorge
El presente artículo del Dr. Jorge E. Enríquez es publicado en La Misère Porc, por gentileza de su autor.
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