LA COLUMNA DE LA SEMANA
Por Luis Domenianni
No pasó
inadvertido, pero no alcanzó la repercusión debida. El escándalo tucumano y el
caso Niembro conspiraron contra su evaluación. Fue una lección de civismo.
Pero, además fue una demostración de firmeza frente al atropello y la
prepotencia.
El juez de la Corte Suprema de
Justicia, Carlos Fayt, renunció a su cargo. Lo hizo por adelantado con fecha 11
de diciembre del 2015.
A buen entendedor, muy pocas
palabras. Tan pocas como las del texto de la renuncia del doctor Fayt. Las
suficientes para dejarle en claro al país, con la presidente incluida, que no
hay presión que valga, cuando existe la voluntad de no ceder, cuando el coraje
se impone sobre el miedo.
Carlos Fayt cuenta, actualmente
y al momento de su retiro, con 97 años de edad. Es un hombre mayor, muy mayor.
Con alguna dificultad física, por cierto. Pero con una absoluta lucidez mental.
A tal punto, que le dio una lección a la “soberbia” Cristina Kirchner. Se va,
claro, pero justo un día después de la que pretendía quedarse para siempre.
Como es su costumbre, el
kirchnerismo no se detuvo ante nada. Pretendió, como lo hacía en su época el
comunismo soviético de la etapa post estaliniana, investigar la salud del juez.
Declararlo enfermo por ley, decreto, resolución o disposición. Tal vez,
encerrarlo en un geriátrico.
Fayt peleó y peleó muy duro.
Demasiado duro para los duros K. Peleó cuando no se presentó a la Corte
mientras todos lo esperaban. Y lo hizo a la vez siguiente cuando nadie lo
esperaba.
Y finalmente, ganó la pelea por
KO. Fue cuando decidió irse, sí, pero un día después que la presidente.
Sin altisonancias, solo con el
ejemplo de los hechos y con una escueta redacción de una renuncia ante datada.
Dos renglones, nada más que dos renglones fueron suficientes para vencer. El
poder de síntesis de quien ya lleva escritos 35 libros, algunos de ellos sobre
el peronismo.
Nunca, hasta su designación, en
1983, como juez de la Corte Suprema, con su pliego enviado al Senado por el
presidente Raúl Alfonsín, ocupo cargo público alguno. Dedicó su tiempo a la
enseñanza, en particular en la cátedra de Derecho Político de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Cristina Kirchner y sus
secuaces, junto a los diputados K de la Comisión de Juicio Político que
aprobaron el bochornoso pedido de evaluación psicofísica del doctor Fayt,
lograron su cometido, el insobornable y eminente jurista se va… solo que un día
después que lo haga ella.
A los 97 años, las neuronas de
Fayt funcionan de maravillas. Ni el ruido de La Cámpora, ni las maniobras del
gobierno, ni el silencio de Daniel Scioli pudieron con él.
Tucumanazo, uno
Primero y primordial. Un proceso
electoral debe ser transparente, desde el comienzo con la confección de los
padrones hasta el final con el escrutinio de los votos y la convalidación del
resultado.
En la Argentina, a diferencia de
la enorme mayoría de los países del mundo, no existe una comisión electoral
independiente encargada de la organización de las elecciones. Quién las
organiza, es el gobierno nacional, si se trata de elecciones nacionales, o los
gobiernos provinciales, si se trata de provinciales y, en algunos casos, pocos,
los gobiernos municipales en aquellas provincias donde los municipios gozan de
autonomía, al menos en la materia.
Obviamente que quién compita en
los comicios resulte a la vez quién los organiza es ya de por sí una
contradicción. Dicho así, parece un problema menor. Pero, es una contradicción
fundamental y de una extrema gravedad. Es hacer de juez y de parte, a la vez.
Quién es juez debe –salvo en el
pensamiento kirchnerista y en el de todos los autoritarismos del mundo- ser
independiente y ecuánime. Quien es parte, solo quiere ganar.
Por tanto, queda en claro que no
debe ser el gobierno –en cualquiera de sus niveles- el encargado de organizar
una elección. No puede, por definición, garantizar la transparencia, por más
que la historia haya demostrado que hubo ejemplos de lo contrario.
La contradicción resulta, pues,
de su obligación de garantizar la transparencia y su propensión a no hacerlo.
En el terreno de la práctica,
aunque por lo general la contradicción se verifica, las adulteraciones suelen
ser “menores”. No lo son. De ninguna manera. Pero, así se las presenta. En la
Argentina, todo el mundo sabe, o al menos supone, que con el peronismo en el
oficialismo, un par de puntos más siempre se sumaron a la cuenta.
¿Por qué no se las denunciaba?
Por los acuerdos y pactos espurios que se tejían en derredor del fraude. Las
víctimas aceptaban su rol de víctimas a cambio de nombramientos, viáticos,
subsidios y demás yerbas impresentables de la política criolla.
Lo anterior es casi una
radiografía de la política corriente en el Gran Buenos Aires. En el interior
del país, sobre todo en las provincias del NOA y del NEA, las prácticas son más
feudales. Más propias de los tiempos del “fraude patriótico” de los políticos
conservadores en la décadas de 1930 y 1940.
Lo ocurrido en Tucumán fue un
compendio –o mejor dicho un tratado- de todas las malas praxis existentes.
Y fue así porque además de la
contradicción institucional del gobierno que organiza las elecciones y
participa en ellas, existió una voluntad manifiesta del kirchnerismo local,
amparada por el kirchnerismo nacional, de llevar adelante el fraude.
La razón debe buscarse en la
posibilidad concreta de una derrota electoral. Hace cuatro años cuando el
gobernador José Alperovich, junto con la presidente Cristina Kirchner, ganaron
abultadamente las elecciones, los pequeños fraudes quedaban disimulados –o
negociados- ante la contundencia de las diferencias.
Ahora no. Saltaron a la luz
porque los votantes resolvieron intentar el cambio. Entonces, para los K
aferrados al poder, fue necesario recurrir a todas las artimañas habidas y por
haber, antes, durante y después de la elección.
Tucumanazo, dos
Casi inocente, ante la
envergadura de otras cuestiones, el fraude comienza la publicidad oficial, con
gigantografías en todas las rutas y autopistas. Dinerales incalculables que son
volcados para una poco encubierta propaganda del oficialismo que pondera reales
o hipotéticas obras o acciones del gobierno.
A ello, deben agregarse las
constantes y sucesivas cadenas nacionales que “utiliza” la presidente Kirchner
y la “cadena de la felicidad” de los medios oficialistas que viven –y sus
propietarios se enriquecen- exclusivamente de la publicidad oficial.
O la
transformación de las emisoras de radio y televisión del Estado, en meros
vehículos propagandísticos del oficialismo aunque se los denomine, pomposa y
embusteramente, televisión o radio públicas.
Todo esto es pre fraude, legal
sí, pero fraude al fin. Primero, porque para su financiamiento se utiliza
dinero público, del Estado, del que aportan los contribuyentes. Y en el caso de
las cadenas nacionales, espacios que no son propios y que ocasionan pérdidas a
las emisoras privadas de radio y televisión.
Así, por ejemplo,
el alquiler de un cartel o una columna de buena visibilidad en alguna de las
autopistas de ingreso a la ciudad de Buenos Aires, cuesta mensualmente unos 60
mil pesos de alquiler.
Saque la cuenta el
lector, del valor mensual de los varios cientos de carteles alquilados por el
gobierno de la provincia de Buenos Aires, pintados de naranja para que se lea
“Gobernación Daniel Scioli”. Se trata de varias decenas de millones de pesos
mensuales.
Segundo porque genera una
competencia desleal. Cualquiera de las opciones opositoras no cuenta, ni
remotamente no ya con los recursos del oficialismo, sino con la apropiación que
el oficialismo hace de los recursos públicos.
Tercero, porque se trata de una
doble publicidad. Por ejemplo, la que llama a votar por Daniel Scioli que,
teóricamente, la debería pagar él o su partido a través de aportes en blanco, y
la que parece institucional porque habla de las obras u acciones de la
“Gobernación Daniel Scioli”.
Así es en la provincia de Buenos
Aires y así es en la de Tucumán. También ocurre en la ciudad de Buenos Aires,
pero al menos, allí, el nombre de Mauricio Macri no figura. No dice “asfaltamos
quince metros, jefatura de gobierno Mauricio Macri”.
Paralelamente concurre la etapa
del clientelismo. Al viejo reparto de chapas y colchones, ahora debido a la
mayor pobreza se añade el bolsón con comida. Por supuesto, no se reparte con un
criterio de necesidad sino de compra de voluntades.
No es el Estado a través de
quienes pagan impuestos quien suministra el bolsón, es el puntero de turno
quién se adueña del reparto, tal y como si fuese un propietario.
Allí, entonces talla el miedo.
El miedo de perder la bolsa de comida si pierden el puntero y sus jefes. El
miedo que, como amenaza, blande el propio puntero.
¿Cualquier puntero? No, solo el
oficialismo. Solo el oficialismo puede emplear estos “argumentos”. Solo es
oficialismo hace trampa porque solo el oficialismo domina las palancas del
poder para poder hacerla. Caso contrario, es prácticamente imposible. Aunque
haya voluntad, no hay recursos.
En la pre elección tucumana
estuvieron presentes todos estos elementos, más uno que, efectivamente, nos
retrotrae a “épocas pre democráticas” como las definió la presidente, pero no
en el sentido que ella pretendió darle.
Ese elemento fue la entrega de
documentos de identidad a distintos locales partidarios del oficialismo K
tucumano. Es el “usted ya votó” de la época del “fraude patriótico” de los
conservadores. De allí, lo de pre democrático. Esa práctica la usó el
oficialismo K de Tucumán con la necesaria connivencia con el gobierno nacional
que es quien suministra los DNI.
Tucumanazo, tres
Luego sobreviene el fraude
durante el desarrollo de los comicios. Antes importante, hoy relativo ante la
andanada delincuencial que ocurrirá después.
Con todo, no debe dejar de ser
tenido en cuenta. Por ejemplo, el robo de boletas. Una práctica que se elimina
por completo con el voto a través de la cartilla única o mediante el voto
electrónico.
Doce años de gobierno
kirchnerista no alcanzaron para modificar este retrógrado y carísimo sistema de
votación con boletas que ya llegan a la ridiculez de medir un metro de
longitud.
Y no se cambió, para continuar
con todas estas prácticas que no suelen ser determinantes a la hora de elegir
un presidente, pero que pueden serlo para sumar o restar un concejal.
Hasta aquí, casi como que nada
nuevo. La cosa se salió del cauce madre con el fraude post-electoral. Con los
telegramas fraguados que no coinciden con las actas electorales. Con la
falsificación de las propias actas electorales. Con las urnas que arribaban al
correo abiertas, sin fajar. Con las urnas que presentaban más votos que
votantes o donde el porcentaje de sufragantes era muy superior al del promedio.
Con la pérdida de las grabaciones de video sobre el local donde están depositadas
las urnas. Etcétera.
No se trata pues de anular una
elección porque se agregaron uno, dos o tres puntos para el oficialismo
mediante la “viveza” para contar si algún fiscal opositor no está presente o,
bastante peor aún, mediante la “compra” de fiscales opositores. Se trata de una
elección donde la totalidad del resultado resulta sospechoso.
Porque ¿Cómo se distingue un
acta fraguada de una que no lo está? No es sencillo. En todo caso, no se trata
de sumar. Ni siquiera de recontar la totalidad de los votos. Nadie puede saber,
ni conocer la verdad sobre el resultado. No se lo puede determinar.
No se sabe quién ganó, en
realidad. Mucho menos quienes deberán integrar la legislatura o quienes
conformarán los concejos deliberantes de los municipios. Nada es seguro. Todo
es sospechoso.
¿Qué se debe hacer? Aquello que
hicieron dos camaristas tucumanos. Fallaron anulando una elección que es un
acabado compendio de fraude electoral.
Vale la pena
retener sus nombres, la doctora Ebe López Piossek y el doctor Salvador Ruiz.
Salvando las distancias, dos nuevos casos Fayt. Aunque más no sea porque no los
intimidaron.
Y ahora, como no
podía ser de otra manera, con un grupo como los K que solo creen en la justicia
adicta, ya pululan por Tucumán los afiches que escrachan a ambos jueces y con
carteles que muestran los afiches, donde se lee “¿No te da vergüenza traicionar
a tu patria?”.
En la rara mezcla
de Shusheta y de Mimí que es el kirchnerismo, a quién le puede extrañar que
equiparen a Manzur y Alperovich con la Patria. Es una manera más que
contundente de bastardear la Patria.
Por supuesto, los
afiches no llevan firma –teléfono para Parrilli en la nueva SIDE-, clásica
manera cobarde de manifestarse del kirchnerismo usada, como se recordará,
cuando escracha periodistas. Pero además, una turba atacó el domicilio de la
jueza López Piossek, con piedras y palos.
Ejercicio de
imaginación: ¿Si el fallo hubiese resultado adverso, la oposición hubiese hecho
lo mismo? Con certeza, no. Ni afiches sin firma, ni piedras, ni palos.
Alperovich, Manzur,
Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Aníbal Fernández conforman el quinteto que
pretende impedir que se vote de nuevo, tal como ordenó la justicia. Los cinco
presionan para que se convalide el resultado que ellos disfrazan de válido.
Quizás pensando en octubre…
Para ello organizan
un “per saltum” a fin de alcanzar la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. De
sus cinco miembros, solo dos están en condiciones de fallar, el resto debe
excusarse por proximidad con el gobierno y sobre uno de los dos restantes pende
una impugnación. Es más que una demostración de justicia “partidaria”.
El alto tribunal
deberá integrarse con jueces de cámara del fuero comercial para poder alcanzar
el número de votos necesario. Y nada indica que allí termine la cosa. Casi con
certeza, deberá expedirse en un futuro, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
O tal vez, el
Congreso K de la Nación decida intervenir al Poder Judicial tucumano y colocar
allí a una Corte adicta. Quedará resuelto en la próxima semana.
En todo caso, nada
indica que el apuro K llegue a buen puerto. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación tomará el tiempo que precise para fallar, llegado el caso. Una Corte
Suprema que, hasta el 11 de diciembre próximo, contará con la digna presencia del
doctor Carlos Fayt.
Enviado por nuestro AMIGO MIGUEL M.
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