miércoles, 22 de mayo de 2013
Otro sabotaje del modelo
Por Gustavo P. Forgione
Contra una decisión judicial, la empresa estatal Intercargo imposibilitó los vuelos de LAN Argentina
Luego de una disputa inventada por “el modelo”, un juez federal ordenó a la empresa estatal Intercargo a reanudar el servicio esencial que debería prestar a las empresas de aviación.
Pese a existir denuncias penales contra los responsables de la empresa del estado y una multa diaria impuesta por el juez, Intercargo decidió por sí, no continuar prestando el servicio de rampa a LAN, por lo que quedaron varados, dentro de los aviones y en zonas de embarque, cientos de pasajeros que no pudieron viajar, de un momento a otro.
Cabe destacar que Intercargo es una empresa monopólica pública, regida por gente del grupo ultrakirchnerista que se hace llamar “La Cámpora”, cuya función debería ser la de asignar las mangas telescópicas de ascenso y descenso de pasajeros, la limpieza, carga y descarga de los aviones; para cumplir con esta tarea, Intercargo firmó un contrato bianual en el mes de mayo de 2012 con LAN Argentina mediante el cual le cobraría la suma de US$ 34 millones anuales, hasta el 31 de marzo de 2014.
No obstante el contrato oportunamente firmado por ambas partes, desde que el viceministro de economía Kicillof nombró a María Celia García como interventora de Intercargo, ésta comenzó a reclamarle a la línea aérea privada, un excedente de US$ 18 millones, con el fin de reducir el déficit de US$ 62 millones de este monopolio estatal, sumado a que esta empresa fue vaciada en los últimos años, según indican sus empleados.
Hasta aquí, pareciera una noticia más, donde existe un conflicto comercial entre empresas, pero se trata de algo infinitamente más grave. Configura una nueva embestida de un monopolio estatal contra una empresa privada para favorecer a otra empresa estatal, obscenamente deficitaria y regida por el mismo grupo político oficialista, como lo es Aerolíneas Argentinas.
Con el fin de ir más allá, este grupo tiene en carpeta un proyecto tendiente a que Aeroparque sea base exclusiva de la línea aérea estatal, por lo que, cualquier otra línea aérea de cabotaje desaparecería de inmediato debido a la ineficiencia que implica operar cabotaje desde Ezeiza.
Resulta difícil pensar que, en un país que aparenta perseguir un sistema democrático serio, el Poder Ejecutivo no acate las decisiones del Poder Judicial; que empresas del estado nacional no honren los contratos firmados que configuran Ley para las partes y que no se respete en lo más mínimo el sistema federal destacado en la Constitución Nacional, que establece un orden jurídico inflexible.
La importancia de esta última consigna radica en que, en un sistema federal, cada estado defendería el correcto funcionamiento de sus sistemas, como lo hacen los municipios, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En algunas cuestiones como la actividad aeronáutica comercial, esto no ocurre, sino que toda la actividad se ha convertido en un coto de caza de este grupo político que viene por todo, lo demuestra y lo dice a viva voz. Es por ello que sólo queda una línea aérea privada regular y es LAN Argentina.
Resulta claro que para que no sucedan situaciones de extorsión estatal como la planteada por Intercargo, más allá de que las decisiones judiciales deben ser respetadas, el sistema federal debería regir fielmente; sobre ello, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería tener ingerencia en las decisiones de su aeropuerto, el que despacha casi la mitad de los vuelos de cabotaje y regionales que surcan los cielos argentinos.
Para quienes defendimos ante las audiencias públicas de 1999 y 2001, y logramos que el Aeroparque “Jorge Newbery” siga existiendo en su emplazamiento actual, los abusos del oficialismo al sabotear un servicio público, desvirtúan de pleno el objetivo de que la ciudad de Buenos Aires cuente con uno de los city airport más eficientes del mundo.
Así como, ante una violación del Poder Ejecutivo nacional a la libertad de prensa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires procedió con un Decreto para garantizar su supervivencia, se hace necesario actuar en defensa de la excelencia del servicio público que implica la efectiva actividad aeronáutica desde el aeropuerto de esta Ciudad.
Fuente: La Hoja Federal
Autor: Gustavo P. Forgione
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