Presos y coronavirus: al final, ¿en qué quedamos?

07/05/2020 - 20:24

Presos y coronavirus: al final, ¿en qué quedamos?

Después de los cacerolazos, se frenaron las excarcelaciones masivas y se anunciaron otras medidas “de emergencia”.



El motín de Devoto, hace dos semanas. Ahora los
presos negocian mejores condiciones de detención
(Foto: Lucía Merle).


  Héctor Gambini


El minué de los políticos y los jueces por los presos se disolvió en el caldo amargo de las cacerolas, pero ¿en qué quedó el problema de fondo: qué hacer con los presos durante el coronavirus?


Tras la incomodidad compartida de los cacerolazos contra las excarcelaciones masivas, hubo desmentidas cronometradas (Kicillof tuiteó casi en simultáneo con Alberto Fernández y dio una conferencia de prensa 10 horas después de que el Presidente le echara la culpa a los jueces en TN), la Corte bonaerense congeló las liberaciones masivas apenas terminó de hablar Kicillof y luego la Asociación de Magistrados de la justicia nacional les retrucó a los políticos. Y así fuimos descubriendo, poco a poco, que al final nadie quiso sacar a los 2.000 presos que salieron de los penales. Ok, pero la amenaza del coronavirus sigue ahí.


En los pases de factura cruzados entre políticos y jueces nadie mintió del todo, pero tampoco nadie dijo toda la verdad.

Que las libertades de los presos y el tema de las cárceles son sólo de los jueces es tan verdadero y falso a la vez como que son sólo de los políticos.

Si un preso sale es responsabilidad de la justicia, pero si un preso está hacinado o se enferma es responsabilidad del gobierno. Si el juez encarcela y el preso se hacina, el gobierno le pide al juez que encarcele menos. El juez puede decirle al gobierno que, si quiere que encarcele menos, mejore la seguridad para que haya menos delitos. Y el funcionario de Seguridad suele pedirle al juez que los delincuentes que su Policía detiene no entren por una puerta y salgan por la otra. Para que luego otro funcionario del mismo gobierno o un tribunal superior le diga que no, que trate de encarcelar menos porque la inseguridad no baja y ya no hay dónde poner a los presos. Y así, una y otra vez, durante los últimos 30 años. El gato y el ratón se corren de un lado a otro e intercambian los roles para terminar siempre en el mismo lugar.

Un detalle: el nombramiento de los jueces siempre es político y a veces esos favores se agradecen toda la vida.

La crisis carcelaria abarca también a las comisarías bonaerenses, que tienen capacidad para 1.700 detenidos y alojan a 4.300. Antes de los cacerolazos, Berni había anunciado que sacaría presos para ponerlos en contenedores, porque las cárceles no tienen lugar. Lo mismo había hecho León Arslanian, ministro del gobernador Felipe Solá… hace 16 años.

Esta vez, la encerrona comenzó en una sucesión de hechos simples y verificables ocurridos en la Provincia de Buenos Aires, cuando Kicillof asumió en diciembre con 10.000 presos en huelga de hambre. Enseguida la Corte provincial pidió medidas para solucionar la crisis y el ministro de Justicia Julio Alak formó una comisión para “aliviar la superpoblación”.

Cuando llegó el coronavirus y el gobierno tuvo necesidad de una respuesta sanitaria (se recomendó que hubiera sitios de aislamiento, y para eso se necesitaba espacio), un juez de la Corte decidió solo que los jueces de Casación podían decidir solos. Entonces prepararon un habeas corpus masivo con casi 700 nombres y se lo dieron a otro juez, quien ordenó a sola firma que esos presos se fueran a sus casas. El primer juez fue De Lázzari, ex ministro de Seguridad de Duhalde. El segundo, Violini, elogiado en un Twitter de Cristina Kirchner y precandidato a intendente de La Plata por ese espacio político, que es el mismo del gobernador Kicillof.

Pero los nombres de los presos a salir no los inventó él: se los pasaron de los ministerios de Justicia y de Seguridad de la Provincia. Si la política se oponía a la liberación masiva, ¿para qué armó los listados del habeas corpus masivo?

Violini integraba las mesas de diálogo con los presos que armó el gobierno bonaerense y se reunía allí con Lisandro Pellegrini, el funcionario de justicia de Alak que antes había sido mano derecha de Gils Carbó. ¿El juez no sabía que la política necesitaba hacer lugar en los penales por el coronavirus? ¿La política no sabía lo que iba a hacer el juez?

¿Alguien puede creer que el juez Violini se cortó solo?

Kicillof le echó la culpa de todo a Conte Grand, el procurador nombrado por María Eugenia Vidal, que también había impulsado excarcelaciones. Es el mismo argumento que antes había utilizado Violini. Es decir, el gobernador criticó las excarcelaciones masivas alineado con el juez que las terminó firmando, pero diciendo que no tiene nada que ver con él.

Al final, la Corte bonaerense corrió a arreglar todo barriendo el habeas corpus de Violini bajo la alfombra a una velocidad inusual, justo mientras Kicillof y Alak anunciaban “ampliaciones” para que entren 1.350 presos más -en un sistema donde faltan 20.000 lugares- “en los próximos meses”. Y “centros sanitarios modulares” para 800 presos, un proyecto que recién apareció después de los cacerolazos.

Con ese plan, si el virus contagia a más del 2% de la población carcelaria habrá problemas.

El nuevo presidente de la Corte de la Provincia que frenó las excarcelaciones a la velocidad que necesitaba la política (minutos después de que Kicillof dijera “tengo fe en que la Corte ponga orden”) es Daniel Soria, funcionario de la Municipalidad de La Plata en los años noventa, cuando fue nombrado por el entonces joven intendente Julio Alak.

A Cristina Kirchner le encanta decir que todo tiene que ver con todo.