08/05/2020
Contratan empresas que ya vendieron comida en mal estado
El escándalo que viene salpica al Servicio Penitenciario Federal
El pasado jueves fue publicado en el Boletín Oficial la contratación de dos empresas gastronómicas que brindarán la provisión de alimento a institutos penitenciarios durante el mes de mayo. Por parte del Servicio Penitenciario Federal.
Se trata de las empresas Foodrush gastronomía S.A. y Codyela S.A. La primera recibió un contrato por 2.475.000 pesos y la segunda por un valor de 1.701.000 pesos.Es decir, el precio a pagar por sendas contrataciones es de 4.176.000 pesos.
El tema aquí es que ambas firmas tuvieron problemas en el pasado por vender comida en mal estado y no sólo a cárceles sino también a hospitales.
En febrero de 2018, Codyela Sociedad Anónima había sido clausurada por haberse encontrado en una ración de canelones de verdura un caracol. El hallazgo se hizo dentro del Hospital Penna, donde dicha empresa se encargaba no sólo de los servicios alimenticios, sino además de la limpieza del nosocomio.
Algunos profesionales del Penna, enviaron un comunicado a las autoridades con el fin de expresar el descontento con la situación, exhortando que se tomen las medidas necesarias e incitando a realizar una inspección bromatológica.
En el paper se puede leer: “En conjunto con todas las unidades de residencia de dicho nosocomio hemos recolectado diferentes experiencias adversas en la calidad de la comida como por ejemplo matar arañas y encontrar insectos como gusanos en las ensaladas, visualizar ratas cercanas a los lugares de elaboración de los menú y comer en el comedor con un murciélago sobrevolando, entre otras”.
En el caso de Food Rush, en el 2017, se le incautó 20 toneladas de comida que estaba en mal estado.
Entonces, la diputada provincial de Cambiemos Josefina Díaz, solicitó al Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa un informe sobre el convenio firmado con la mencionada fiarm, la cual se encontraba a cargo de la cocina del hospital Lucio Molas.
Días antes de la intervención de la legisladora, un grupo de trabajadores del Molas denunció a la firma frente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ello luego de darse a conocer el secuestro de las 20 toneladas de comida no aptas para el consumo que fuera encontrada en un depósito no autorizado en Santa Rosa, capital provincial de La Pampa.
Food Rush le brindaba servicios a cuatro instituciones penitenciarias, al Hospital de General Pico e incluso, en marzo del 2014 le proveyó viandas al comedor Winifreda.
Según describe en el 2017 el diario La Arena de La Pampa, “el galpón de Food Rush no contaba con habilitación y que los alimentos no tienen procedencia. Además, las fuentes abocadas al procedimiento señalaron que en el lugar había malas prácticas de manipulación de alimentos, había contaminación cruzada y que en esas condiciones podía proliferar cualquier tipo de bacteria”.
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