Jueves 12 de marzo de 2015 | Publicado en
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Editorial I
El desproporcionado crecimiento del empleo público le ha servido al kirchnerismo para copar la administración nacional con militantes
Las estadísticas oficiales confirman que una de las peores herencias que recibirá el gobierno nacional que asuma el 10 de diciembre próximo será el exorbitante aumento de la dotación de personal del sector público. Este fenómeno, que se ha profundizado especialmente durante las dos gestiones presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, le sirvió al oficialismo para encubrir con el crecimiento del empleo público el claro estancamiento del empleo privado verificado en los últimos años y para copar con militantes distintos nichos de la administración pública nacional.
En función de datos tomados del Boletín Fiscal, presentado por el Ministerio de Economía recientemente, sólo el Poder Ejecutivo Nacional contaba en el tercer trimestre de 2014 con 358.491 empleados, un 46% más que el número albergado en igual período de 2003, año en que el kirchnerismo llegó a la Casa Rosada. La cantidad actual de trabajadores no incluye a los llamados tercerizados, quienes les facturan a empresas o a universidades nacionales aunque prestan servicios para el Estado, muchas veces con fondos que éste les deriva a esas organizaciones.
Según el mismo informe, el sector que más creció en número de empleados fue el representado por las empresas y sociedades del Estado. Entre el tercer trimestre de 2006 y el de 2014, el aumento en la dotación de personal de esas compañías fue del 173,3%, al pasar de 9566 a 26.151 trabajadores, sin contar Aerolíneas Argentinas -desde su reestatización en 2008 hasta 2013 vio crecer en 1730 sus puestos laborales-, YPF, AySA, Correo Argentino, Enarsa y Arsat.
El desproporcionado incremento de los empleados públicos ha tenido en los últimos tiempos ribetes escandalosos, asociados con el avance de la agrupación kirchnerista La Cámpora, que logró llenar de militantes áreas clave del Estado. El caso más reciente se está observando en la proyectada Agencia Federal de Inteligencia, que reemplazará a la Secretaría de Inteligencia. Pero procesos similares de copamiento del Estado por ese grupo se han podido apreciar en la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia, entre otras áreas, al igual que en diferentes dependencias de la cartera económica y de empresas como la citada línea aérea de bandera.
No se trata, por cierto, de un fenómeno exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional, ya que también el Congreso de la Nación ha visto crecer su planta de personal en forma alarmante. Por caso, desde el arribo de Amado Boudou a la vicepresidencia de la República, el Senado sumó unos 2000 nuevos puestos de trabajo.
El hecho de que buena parte de las incorporaciones de agentes al Estado correspondan a militantes o allegados a La Cámpora da clara cuenta de la intencionalidad política de la mayoría de los nombramientos. La idea de este pernicioso proceso pasaría por dejarle el campo minado al próximo gobierno nacional.
La gravedad de la situación no pasa tanto por el hecho de que la pertenencia política de los nuevos agentes públicos pueda comprometer a un gobierno de diferente extracción a partir del nuevo período presidencial que se iniciará en diciembre. Lo verdaderamente lamentable es que la mayoría de los nombramientos recientes muestran una relación inversamente proporcional entre su crecimiento numérico y la idoneidad de quienes ingresan al sector público. En otras palabras, se ha privilegiado la militancia o la cercanía política a la capacidad, una ecuación que sólo puede llevar a mayor ineficiencia en las tareas básicas que le corresponden al Estado y a probables conflictos en lo mediato.
El crecimiento del empleo público tampoco está circunscripto al nivel nacional. Tanto en las provincias como en los municipios se registran incrementos voraces. Si tomamos el empleo asalariado registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), hasta el año 2012 se registraban 3.428.729 empleados en el sector público, lo cual implica que un 35% de los asalariados en la Argentina se hallaba en el Estado, sobre un total de 9.778.000. Y si se tomase la cifra de 15.805.000 personas ocupadas registrada en el Boletín de Estadísticas Laborales para esa fecha, las cifras del SIPA nos señalarían que el 21,6% de los trabajadores está en el sector público. Se trata de una proporción que sólo es superada por los países escandinavos y por Francia, entre los países más desarrollados.
Uno de los mayores dramas del presente y de nuestro porvenir es que el incesante crecimiento del empleo público no ha derivado ni por asomo en mejores servicios del Estado. Por el contrario, ha sido fundamentalmente una forma de premio para sectores políticos o de subsidio encubierto a personas que no pueden ser absorbidas por las empresas privadas, en momentos en que la incertidumbre inversora mantiene virtualmente paralizada a la economía nacional.
Mientras la presidenta de la Nación insiste en hablar del desendeudamiento del país, es necesario recordar que el déficit fiscal viene aumentando año tras año, a lo largo de su gestión. Semejante desequilibrio se explica en buena parte por un gasto público que, en términos de porcentaje del PBI, se multiplicó notablemente desde la llegada del kirchnerismo al gobierno nacional.
Es vital entender que ese gasto público improductivo es financiado merced a una presión impositiva que ha batido todos los récords y que castiga a empresas y a asalariados; con ahorros de la Anses, que deberían ser íntegramente para los actuales y futuros jubilados, y con una peligrosa emisión monetaria, que genera inflación y termina afectando el bolsillo de todos los argentinos, empezando por quienes menos tienen.
Desmontar este Estado tan elefantiásico como ineficiente, alimentado por una cultura que mezcla la corrupción y el clientelismo, será sin duda uno de los principales desafíos que tendrán por delante las próximas autoridades nacionales.
N de R La Misère Porc:
Además de todo lo descripto en la presente EDITORIAL de La Nación, lo peor y más trágico es que el Estado Elefante, comete las Cag... (Defecaciones) más grandes de la historia.
(Sorry por lo grosero, pero es nuestra realidad)

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