Ahora viene un muñequeo político y judicial

Viernes 13 de febrero

 de 2015 | 20:32

Por Adrián Ventura | LA NACION

l fiscal federal Gerardo Pollicita, cuando imputó a la presidenta Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otros personajes cercanos al Gobierno, abrió la puerta de una investigación judicial. Pero también puso una alarma más en un complicado campo político.

Vayamos paso a paso.

¿Qué es, técnicamente, lo que hasta ahora estaba presentado por el fallecido fiscal Alberto Nisman?

Lo que había presentado Nisman era una "denuncia", como la que habitualmente presentan Elisa Carrió, Graciela Ocaña o cualquier particular. Nada más que, en el caso de Nisman, tenía un peso específico enorme: él sabía muy bien lo que escribía, porque era el fiscal de la causa AMIA, conocía el tema mejor que ninguno y venía trabajando durante años.

¿Qué es lo que hizo el fiscal Pollicita?

Formuló un requerimiento de instrucción e "imputó" a la Presidenta y su entorno. Para que no haya dudas, menciona expresamente el nombre de la primera mandataria y le pone un título: Imputación.

Es decir, después de leer y estudiar el escrito de Nisman, entendió que contenía elementos que seriamente pueden indicar la existencia de un delito y que el tema merece ser investigado.

Entonces, con esa imputación, comenzó a existir una causa judicial que va a ser investigada.

¿Cómo sigue?

El fiscal pidió numerosas medidas de prueba, desde allanamientos, declaraciones testimoniales, informes oficiales, datos a las telefónicas y otras decenas de pruebas más.

Ahora, el juez federal Daniel Rafecas y el propio fiscal comenzarán a producir todas esas medidas. Nisman, cuando formuló la denuncia, acompañó muchas pruebas. Es como si hubiera querido llenar un rompecabezas. Pero ahora, el juez Rafecas y el fiscal Pollicita tienen que llenar las piezas que faltan y chequear que todas encajen bien y sean correctas.

¿Qué dice la presentación de Pollicita?

Básicamente, que el memorándum que se celebró entre la Argentina e Irán fue firmado para disimular un delito: lograr la impunidad de los funcionarios iraníes que estaban imputados por la voladura. En otras palabras: la Presidenta fue cómplice de la impunidad de la AMIA, según el fiscal. En ese crimen, que es imprescriptible, el piquetero Luis D'Elía era apenas un eslabón menor. Por más que el Gobierno quiera tirarlo por la borda, como si fuera un lastre, para salvar a la Presidenta, capitana del barco, la investigación puede seguir hacia arriba.

¿Cuánto falta para que el juez Rafecas llame a indagatoria a la Presidenta?

Sólo Rafecas conoce exactamente la respuesta, pero en principio nunca se da ese paso rápidamente, porque antes hay que recopilar toda la prueba. Y, además, ningún juez se tira a la pileta sin chequear si tiene agua cuando al que va a indagar es al presidente.

Para llegar a la indagatoria pueden faltar muchos meses o incluso años. Y, además, hay que tener en cuenta que en agosto son las PASO y en octubre las elecciones generales, y ningún juez llamará a indagatoria a un funcionario en ese período porque se arriesgará a soportar que le digan que trabaja para la oposición.

Si bien el deterioro del poder presidencial favorece que la primera mandataria pueda ser investigada, el calendario electoral puede convertirse en una excusa para demorar la pesquisa.

Sólo después de la indagatoria puede venir un procesamiento y un juicio oral, pero para eso faltan años.

¿Cómo reaccionará el Gobierno?

Puede haber tres tipos de reacciones distintas:

Primero, la política: si bien Aníbal Fernández intentó moderar el discurso, la Presidenta fijó el tono oficial, confrontativo, y así ató su gestión a su propia cruzada y suerte: amigos, enemigos, etcétera.

La denuncia de Nisman que la involucraba, la muerte de Nisman, el tema AMIA y la imputación que acaba de presentar el fiscal Pollicita forman un combo explosivo que garantiza su repercusión mundial

Segundo, la judicial-política: el Gobierno, a través de la procuradora Alejandra Gils Carbó, de la SIDE y de otros organismos intentará alinear todas las fichas del tablero, como intentó hacer Amado Boudou cuando separó al juez Rafecas del caso Ciccone o cuando Gils Carbó desplaza a un juez independiente para poner a un fiscal amigo.

Y, finalmente, la reacción técnica: la Presidenta, el canciller y todos los imputados intentarán ganar tiempo, para lograr que el peso específico de la denuncia y de la muerte de Nisman se vaya diluyendo con los meses o años. Tarde o temprano, todo se enfría. Y, mientras tanto, los abogados del Gobierno intentarán hacer todos los artilugios judiciales y técnicos que justifiquen que se llenen muchos papeles sin que haya decisiones de fondo.

Esa estrategia siempre funcionó bien en Tribunales. Pero esta vez, tiene dos escollos. Por un lado, la bronca que el propio Gobierno había generado en la Justicia, a la que la Presidenta viene maltratando con reformas y manoseos y, por el otro, la extraña muerte de Nisman, uno de los hechos más graves de la democracia argentina.

Tal vez, esos dos escollos hagan reflexionar a la Presidenta, en algún momento, que las cosas podían haberse hecho de otro modo.