Un golpe de realidad

06/04/14 - 06:36hs

Ataques  comando con ametralladoras,  a plena luz del día, contra un banco; un humilde chofer, que manejaba un remise, fusilado por delincuentes que quisieron robarle el auto;  un alto jefe del  Grupo Halcón, la fuerza de elite de la Policía bonaerense, golpeado y asaltado; episodios de linchamiento en la vía pública, con vecinos indignados que quieren hacer justicia por mano propia.

Todo este cúmulo de hechos llevaron a que Daniel Scioli decidiera patear el tablero y tomara la decisión política de declarar la emergencia de seguridad, diferenciándose así de la actitud prescindente e irresponsable adoptada por la presidenta Cristina Kirchner que, de forma permanente y sistemática, se niega a asumir la más mínima responsabilidad en momentos en que todos los días ciudadanos inocentes pierden la vida por el accionar de la delincuencia. 

Una clara muestra del desinterés de la primera mandataria es que puso como ministra de Seguridad a María Cecilia Rodríguez, una licenciada en Ciencias Políticas a la que prácticamente no se le conoce la voz, no tiene poder de decisión, como así tampoco experiencia en el área. En rigor, quien estaría cumpliendo las funciones de ministro es el exmilitar Sergio Berni, un senador provincial en uso de licencia a quien ahora muchos ven con un pie afuera de la cartera ya que asumiría un cargo en la Interpol.

 En otras palabras, el área de Seguridad, de la que depende la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, está muy cerca de la acefalía desde el punto de vista político.

En sus últimas afirmaciones, Cristina Kirchner intentó responsabilizar de la ola de delitos a una suerte de conflicto entre sectores sociales, entre aquellos que se encuentran marginados y los que aún puede elegir la comida, sin hacer ningún tipo de mea culpa de lo que hizo el kirchnerismo desde que llegó a la Casa Rosada y que ha desembocado en esta situación. Ni siquiera se muestra conmovida por la muerte de sus conciudadanos, que pierden la vida solo por el hecho de tener un auto, un comercio o unos pocos pesos en el bolsillo. 

Ahora bien, el llamado relato, hace rato, ha encontrado sus propios límites. Considerar a la inseguridad como una sensación, como lo hizo durante años el kirchnerismo, ya no se sostiene bajo ningún punto de vista, por más esfuerzos que hagan los exégetas del abolicionismo como Eugenio Zaffaroni, el ministro más kirchnerista de la Corte Suprema de Justicia.

La realidad no se puede seguir tapando con un dedo y la declaración de emergencia del gobierno provincial representa el reconocimiento de la gravedad de lo que está ocurriendo. Estamos hablando del rotundo fracaso de una política económica y social que en los últimos años ha profundizado el subdesarrollo, la marginalidad y la promiscuidad, pese a que casi todos los países de la región han logrado significativos avances en materia de crecimiento económico y combate contra la pobreza.

Resulta un hecho positivo que, por lo menos, se reconozca que la situación con la seguridad no da para más y que se requiere un cambio urgente. Ahora bien, el árbol no puede tapar el bosque y se hace necesario tomar recaudos. Durante el gobierno de Felipe Solá también se decretó el estado de emergencia en materia de seguridad, medida que no tuvo prácticamente ningún resultado positivo. Concretamente, el gobierno felipista instrumentó purgas masivas de personal policial, puso a civiles cargo de la Policía, modificó escalafones de la noche a la mañana e hizo aprobar leyes que jamás se cumplieron. El fracaso fue rotundo.

En ese sentido, siempre se sospechó que detrás de las leyes de emergencia impulsadas por Solá y su entonces ministro de Seguridad, León Carlos Arslanián, se escondían intereses que nada tenían que ver con brindarle mayor protección a la ciudadanía. Concretamente, se habló de la proliferación de contrataciones directas millonarias, que no atravesaban por ningún tipo de control, lo que dio lugar a numerosos escándalos. Por ejemplo, se denunciaron patrulleros con blindajes truchos, compra de chalecos antibalas que estaban vencidos, motos importadas para personal policial que no tenían repuestos y hasta un dirigible que jamás fue puesto en funcionamiento.

Esperemos que esta triste experiencia no se repita y que el plan que ayer presentó Scioli realmente funcione, y no sea un mero acto de campaña. De lo contrario, corremos riesgo de que se rompan definitivamente los lazos que nos permiten vivir como sociedad, generalizándose el imperio de la ley de la selva que lleva a que, por ejemplo, haya ciudadanos dispuestos a hacer justicia por mano propia, con los riesgos que ello implica.

Obviamente, los resultados no se verán de un día para el otro. De hecho, a las pocas horas del anuncio de Scioli, en nuestra ciudad, a tan solo 10 minutos de la Casa de Gobierno bonaerense, un comerciante platense fue brutalmente asesinado por un delincuente de un tiro en el pecho para quitarle unos pocos pesos. El hecho en sí demuestra la gravedad de lo que estamos viviendo 

La declaración de emergencia es tan sólo un primer paso, el diagnóstico de que existe enfermedad social (la inseguridad) que debe ser erradicada. Ahora viene lo más difícil: acertar con las acciones que deben llevarse a cabo. En ese sentido, encarar el problema de la inseguridad, solamente desde el punto de vista policial o judicial, resulta insuficiente. Es indispensable que se instrumente un nuevo plan económico de forma tal que, a medida que se combate el delito, se vayan socavando las bases de lo que constituye el principal factor de desarrollo de la delincuencia: la marginalidad extrema en la que viven millones de compatriotas.

Juan Gossen
Secretario de Redacción
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