Otro escándalo, ahora en una secretaría de la Presidencia

Lunes 07 de abril de 2014 | Publicado en edición impresa

 

 Editorial I

 

 El subsecretario de Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, ha quedado en una posición comprometida tras las vergonzosas revelaciones del juez Oyarbide.

 

Cuando el juez federal Norberto Oyarbide admitió, con la desfachatez que lo caracteriza, haber abortado un allanamiento tras recibir una llamada telefónica del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, Carlos Liuzzi, sacó de las sombras a este personaje, el número dos de la secretaría que encabeza Carlos Zannini. También sacó a la luz la relación de Liuzzi con el dueño de la mutual allanada, Guillermo Greppi, donde se cambiaban cheques, quien avisó a Liuzzi del procedimiento.

Lo que tal vez Oyarbide no previó fue que su actuación totalmente irregular permitiría atisbar otro eventual foco de corrupción oficial que, al margen del escándalo generado por este juez al que el Gobierno por todos los medios procura salvar en el Consejo de la Magistratura, debe ser investigado.

Para empezar, habría que determinar si Liuzzi y Oyarbide se conocían. El juez lo ha negado, pero en 2012 Oyarbide lo había sobreseído de la acusación de enriquecimiento ilícito a raíz de una denuncia realizada por el abogado Ricardo Monner Sans. Tras el episodio del allanamiento que ordenó y frustró este juez, el fiscal federal Patricio Evers le pidió que reabriera aquella investigación. Oyarbide, siempre parado en la vereda de las sombras, se negó. La suerte de esa causa la decidirá la Cámara Federal. Monner Sans volvió a la carga y pidió investigar nuevamente a Liuzzi, pero el sorteo envió su denuncia al juzgado de Oyarbide, quien se excusó de intervenir. A cargo del sumario quedó, finalmente, el juez federal Julián Ercolini.

Tampoco hay que olvidar la causa en la cual Oyarbide había ordenado el allanamiento a Propyme y a otras 21 entidades. En ese sumario se investigaban supuestos casos de lavado de dinero. Si había pruebas en Propyme, se perdieron para siempre cuando Oyarbide abortó el allanamiento. Luego del escándalo, el magistrado abandonó el expediente, que por sorteo le correspondió a su colega Ercolini.

A su vez, el frustrado allanamiento dio origen a otra investigación, centrada en los procederes de Oyarbide y Liuzzi. Ambos resultaron imputados por el fiscal Ramiro González.

Mientras esta constelación de expedientes se expandía, Clarín reveló que Liuzzi habría faltado a la verdad en su declaración jurada de bienes del año pasado, en la que aseguró que poseía en Mendoza un campo de 200 metros cuadrados, que valuó en 903.540 pesos. Sin embargo, el funcionario tendría allí un campo de 101 hectáreas. Tampoco se caracterizarían por su claridad los datos que brindó sobre sus departamentos en Puerto Madero. Entre 2003, cuando asumió de la mano de Zannini, y 2011, sus bienes se incrementaron 38 veces.

Otro aspecto por investigar es el vínculo entre Liuzzi y la consultora Adconsa, propiedad de un empresario con el que Liuzzi comparte la propiedad de un campo.

 En 2006, la consultora fue contratada por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde Liuzzi es la segunda autoridad. En 2009 esa consultora ganó 29 millones de pesos.

También llamó la atención el incremento en los bienes de la actual pareja de Liuzzi, que trabaja en la Casa Rosada como su jefa de gabinete, pues en 2012 ella declaró un aumento patrimonial del 163 por ciento.

Como puede advertirse, hay mucho por investigar en el panorama que cada vez se abre más luego de la declaración con la que Oyarbide quiso defenderse por haber interrumpido un allanamiento. Lo peor que podría ocurrir es que, al amparo de los varios expedientes que se abrieron, se avance poco y nada en las investigaciones. No se trata de pesquisas complicadas. Sí requieren de los funcionarios judiciales una franca independencia respecto de las presiones que seguramente soportarán.

En efecto, a medida que se acorta el plazo para que el kirchnerismo abandone el poder, es mayor su necesidad de ir acotando el frente judicial mediante el cierre de las causas más problemáticas. Así, fue desplazado el fiscal José María Campagnoli, quien investigaba al empresario kirchnerista Lázaro Báez. Antes, el vicepresidente Amado Boudou logró la renuncia del procurador general de la Nación y el apartamiento del juez y el fiscal que investigaban a Boudou y su relación con la ex imprenta Ciccone.

Aún más atrás en el tiempo, el propio Oyarbide había sobreseído irregularmente al matrimonio Kirchner en un sumario por enriquecimiento ilícito. Es que, desde el punto de vista del Gobierno, seguramente un juez como Oyarbide resulta idóneo para llevar a cabo las tareas más sucias en materia judicial, aquellas que requieren una absoluta falta de escrúpulos y de pruritos morales.

Por eso, a estas alturas de la estrechísima relación del Gobierno y Oyarbide, ¿qué valor puede tener un sobreseimiento firmado por este juez en una causa con alto voltaje político? Ninguno. ¿Cómo no abrigar dudas, por ejemplo, sobre los fundamentos del reciente sobreseimiento de este juez a los ex recaudadores de la campaña presidencial de 2007 de Cristina Kirchner, quienes estaban acusados de lavado de dinero en la causa por la llamada mafia de los medicamentos?

Los acusados habían sido procesados por Oyarbide por encubrimiento de lavado de dinero, pero luego la Cámara Federal les dictó la falta de mérito y ahora fueron sobreseídos por el juez ante la falta de nuevas pruebas en su contra. ¿Las habrá buscado Oyarbide? Uno de los sobreseídos, el empresario farmacéutico Gabriel Brito, aportó cheques por 310.000 pesos a la campaña presidencial. Los acusados fueron enviados a juicio oral por otro tramo de la causa de la "mafia de medicamentos" en la que están imputados de integrar una asociación ilícita.

Al Gobierno no le importa que todo cuanto toca Oyarbide huele a podrido. Le basta con que sobresea a los suyos. Por eso es que la permanencia de este juez en su cargo es, como hemos repetido en esta columna, una afrenta no sólo para la Justicia, sino para toda la sociedad.