Un año y medio después del pedido de elevación a juicio oral
formulado por el Fiscal Federal Jorge Di Lello, el juez federal
Sebastián Casanello se pronunció de un modo singular sobre la causa de
las escuchas ilegales. En primer lugar, el magistrado consideró que aún
no hay “pruebas suficientes” para mandar a Macri a juicio junto con
otros imputados, entre ellos el ex jefe de la Policía Metropolitana
Jorge “Fino” Palacios, el ex espía Ciro James y el ex ministro de
Educación porteño Mariano Narodowski. Casi pronunciándose con los
argumentos de la defensa del jefe de gobierno, el juez entiende que
“apresurado, pues restaba producir prueba significativa” y que la
imputación “pasó a sostenerse casi exclusivamente en su posición de
vértice dentro de la estructura burocrática de su gobierno”.
También sostuvo que “ninguno de los escritos, ya sea del fiscal o de las querellas, señala o especifica una prueba directa que permita sostener que Macri haya requerido u ordenado espiar” y concluyó que “no hay pruebas concretas”.
Pero la conclusión final es la de mayor trascendencia política. Casanello no lo desprocesó a Macri sino que ordenó nuevas medidas de prueba, previo a resolver si lo desvincula definitivamente de la causa o lo manda a juicio oral con el resto de los acusados.
Es decir que este juez, estrechamente ligado a La Cámpora, se limitó a no precipitar el juicio al jefe del PRO, pero a la vez dejó abierta la puerta para que esto ocurra. Claro está que el ordenamiento de nuevas medidas de prueba pondrá nuevamente la causa de las escuchas en primer plano. En medios macristas predomina el optimismo en cuanto a que las dudas planteadas por el magistrado serían el prólogo a un sobreseimiento de Macri.
Otra interpretación es que el gobierno se encuentra ahora con un panorama político que, dada su influencia en ese juzgado, le permitiría hacer uso de más opciones que antes. Por ejemplo, una colisión del oficialismo con Macri en torno a la batalla por la sucesión presidencial podría implicar que éste vuelva a ser colocado al borde del juicio oral. Como indica la experiencia en casos anteriores, como las denuncias contra Francisco de Narváez en la causa de la efedrina, un cambio de rumbo y el envío de Macri al juicio oral podría victimizarlo y potenciarlo como candidato a presidente.
Hasta ahora, los gestos de la mesa chica del macrismo eluden el choque con la Casa Rosada. El PRO se muestra más interesado en captar grupos radicales que peronistas y las relaciones con Massa son frías. En suma, el macrismo sigue la doctrina de Jaime Durán Barba enarbolando las banderas de la nueva política.
La extraña resolución de Casanello merece cotejarse con el súbito descenso del perfil mediático de la grave toma que tiene lugar en el Parque Indoamericano y cuyo desalojo por orden judicial quedó suspendido.
El fiscal de Cámara porteño, Gabriel Unrein, señaló el jueves pasado que dentro del predio que más de 500 familias están ocupando, “hay personas armadas y con machetes” y afirmó que el juez contravencional Gabriel Vega “dispuso suspender la diligencia”. No pudo el magistrado elegir peor argumento para la suspensión del desalojo por la fuerza pública. La existencia de grupos armados y drogados en el predio tomado es justamente un argumento que obligaría a la inmediata intervención de la policía para detener a los grupos armados y restablecer el orden público.
Tan curioso como esto es la tregua política que se instaló en torno al tema. Como es obvio, la ausencia de actividad judicial consolida la usurpación y perjudica sobre todo al gobierno de la Ciudad.
También sostuvo que “ninguno de los escritos, ya sea del fiscal o de las querellas, señala o especifica una prueba directa que permita sostener que Macri haya requerido u ordenado espiar” y concluyó que “no hay pruebas concretas”.
Pero la conclusión final es la de mayor trascendencia política. Casanello no lo desprocesó a Macri sino que ordenó nuevas medidas de prueba, previo a resolver si lo desvincula definitivamente de la causa o lo manda a juicio oral con el resto de los acusados.
Es decir que este juez, estrechamente ligado a La Cámpora, se limitó a no precipitar el juicio al jefe del PRO, pero a la vez dejó abierta la puerta para que esto ocurra. Claro está que el ordenamiento de nuevas medidas de prueba pondrá nuevamente la causa de las escuchas en primer plano. En medios macristas predomina el optimismo en cuanto a que las dudas planteadas por el magistrado serían el prólogo a un sobreseimiento de Macri.
Otra interpretación es que el gobierno se encuentra ahora con un panorama político que, dada su influencia en ese juzgado, le permitiría hacer uso de más opciones que antes. Por ejemplo, una colisión del oficialismo con Macri en torno a la batalla por la sucesión presidencial podría implicar que éste vuelva a ser colocado al borde del juicio oral. Como indica la experiencia en casos anteriores, como las denuncias contra Francisco de Narváez en la causa de la efedrina, un cambio de rumbo y el envío de Macri al juicio oral podría victimizarlo y potenciarlo como candidato a presidente.
Extrañas situaciones
No es un secreto que en el laboratorio electoral del cristinismo se estudia la posibilidad de un ballotage entre el candidato oficialista y Macri. Lo que no estaría dispuesto a admitir el gobierno sería una alianza entre éste y Sergio Massa, porque eso le abriría las puertas al peronismo disidente para borrar del mapa al cristinismo.
Hasta ahora, los gestos de la mesa chica del macrismo eluden el choque con la Casa Rosada. El PRO se muestra más interesado en captar grupos radicales que peronistas y las relaciones con Massa son frías. En suma, el macrismo sigue la doctrina de Jaime Durán Barba enarbolando las banderas de la nueva política.
La extraña resolución de Casanello merece cotejarse con el súbito descenso del perfil mediático de la grave toma que tiene lugar en el Parque Indoamericano y cuyo desalojo por orden judicial quedó suspendido.
El fiscal de Cámara porteño, Gabriel Unrein, señaló el jueves pasado que dentro del predio que más de 500 familias están ocupando, “hay personas armadas y con machetes” y afirmó que el juez contravencional Gabriel Vega “dispuso suspender la diligencia”. No pudo el magistrado elegir peor argumento para la suspensión del desalojo por la fuerza pública. La existencia de grupos armados y drogados en el predio tomado es justamente un argumento que obligaría a la inmediata intervención de la policía para detener a los grupos armados y restablecer el orden público.
Tan curioso como esto es la tregua política que se instaló en torno al tema. Como es obvio, la ausencia de actividad judicial consolida la usurpación y perjudica sobre todo al gobierno de la Ciudad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario