Hay quienes sostienen en el gobierno que la citación a prestar
declaración indagatoria a Amado Boudou por parte del juez federal Ariel
Lijo en el caso Ciccone es inminente. Sobre todo después de la oleada de
testimonios de las hijas de Héctor Ciccone sobre la participación del
vicepresidente en las negociaciones para comprar la empresa. De
producirse el hecho, habría en el entorno presidencial un debate sobre
la estrategia a seguir. Una postura se inclinaría por sostener que la
embestida judicial contra Boudou es un ataque al gobierno nacional y que
tiene intenciones destituyentes. De optarse por esta salida, CFK
debería aparecer en público con Boudou ratificándole su apoyo personal.
La opción alternativa apunta en otra dirección y es a tratar prudentemente el tema manifestando respeto por la justicia y limitando la solidaridad con Boudou a los gestos mínimos necesarios.
La realidad es que, con el actual cuadro, una declaración indagatoria conduciría inevitablemente a un procesamiento y éste es el verdadero problema que enfrenta el Ejecutivo. Por ejemplo y de ser así, con un vicepresidente procesado, Cristina ya no podría viajar al exterior sin desatar un escándalo mediático internacional, por lo cual en tales casos Boudou debería, por ejemplo, pedir licencia y que entonces el flamante presidente provisional del Senado Gerardo Zamora ejerza el poder en ausencia de la presidente. Una alternativa que aumentaría la irritación en las filas de la dirigencia peronista. Algo que a ella parece hoy no importarle demasiado.
Una incógnita distinta se abriría en torno a cómo impactaría el eventual procesamiento de Boudou sobre la masa de funcionarios K expuestos a quedar en la misma situación. Inevitablemente, la caída procesal del vice inquietaría de sobremanera a Julio De Vido, Juan José López, Juan Luis Manzur y otras figuras del gabinete que coleccionan denuncias por corrupción en distintos juzgados.
En este punto, la lucha para un eventual desprocesamiento de Boudou antes de la campaña electoral del próximo año pasaría a ser un objetivo central del kirchnerismo, para el cual haría valer el peso de las últimas designaciones de amigos del gobierno en la Cámara de Casación.
La opción alternativa apunta en otra dirección y es a tratar prudentemente el tema manifestando respeto por la justicia y limitando la solidaridad con Boudou a los gestos mínimos necesarios.
La realidad es que, con el actual cuadro, una declaración indagatoria conduciría inevitablemente a un procesamiento y éste es el verdadero problema que enfrenta el Ejecutivo. Por ejemplo y de ser así, con un vicepresidente procesado, Cristina ya no podría viajar al exterior sin desatar un escándalo mediático internacional, por lo cual en tales casos Boudou debería, por ejemplo, pedir licencia y que entonces el flamante presidente provisional del Senado Gerardo Zamora ejerza el poder en ausencia de la presidente. Una alternativa que aumentaría la irritación en las filas de la dirigencia peronista. Algo que a ella parece hoy no importarle demasiado.
El impacto en el frente interno
Otra consecuencia casi inevitable de una indagatoria y posterior procesamiento sería que se crearían las condiciones ideales para un pedido de juicio político a Boudou. Esta iniciativa no prosperaría por falta de número de la oposición pero sí serviría para instalar un clima mediático que la Casa Rosada quisiera evitar.
Una incógnita distinta se abriría en torno a cómo impactaría el eventual procesamiento de Boudou sobre la masa de funcionarios K expuestos a quedar en la misma situación. Inevitablemente, la caída procesal del vice inquietaría de sobremanera a Julio De Vido, Juan José López, Juan Luis Manzur y otras figuras del gabinete que coleccionan denuncias por corrupción en distintos juzgados.
En este punto, la lucha para un eventual desprocesamiento de Boudou antes de la campaña electoral del próximo año pasaría a ser un objetivo central del kirchnerismo, para el cual haría valer el peso de las últimas designaciones de amigos del gobierno en la Cámara de Casación.
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