Cristina y una nueva crisis: la del relato salarial

Martes 11 de marzo de 2014 | 04:01

 Por Fernando Laborda | LA NACION

Las contradicciones oficiales entre las palabras y los hechos han llegado a una cuestión de la cual el Gobierno siempre intentó hacer una bandera: la recomposición salarial. El viernes pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner exhortó a empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) a moderar los aumentos salariales y advirtió que las autoridades nacionales no estarían dispuestas a convalidar incrementos desmedidos. Pero pocos días después, el ministro de Economía, Axel Kicillof, negó que se estuviera poniendo un "techo" a las mejoras salariales.

El titular del Palacio de Hacienda, sin embargo, pareció admitir algo de lo que la primera mandataria les habría transmitido a los empresarios, aunque intentó darle otra interpretación. "Lo que dijo la Presidenta es que si algún sector, en lugar de discutir las paritarias sobre la base de sus propias posibilidades, decide dar aumentos altísimos, está en su derecho, pero debe hacerlo con responsabilidad sobre la base de su propia rentabilidad. No vengan después a pedirle al Gobierno que tome medidas para convalidar aumentos que no están en posibilidad de dar", expresó Kicillof.

Las aclaraciones del ministro de Economía ayudan a entender que el Gobierno está intentando claramente moderar las aspiraciones salariales del sindicalismo y persuadir a los empresarios de que no otorguen aumentos por encima de sus posibilidades, que terminen siendo afrontados con nuevos incrementos en los precios de sus productos o servicios.

Difícilmente la mayoría de los empresarios que escucharon de boca de Cristina Kirchner aquel pedido de moderación pueda estar en desacuerdo con ese mensaje.

 Por el lado de los dirigentes sindicales, eso no es tan claro. Para persuadirlos, los funcionarios intentan explicarles que en las últimas semanas el Gobierno ha logrado "domar" al dólar y también los precios, a través de los Precios Cuidados, cuyo número de productos, que actualmente es de 194, sería aumentado en los próximos días en 20 ó 40.

Pero mientras avanza esta discusión, en los últimos días se conoció que el poder adquisitivo de los salarios ha profundizado su caída. De acuerdo con el Indec, la remuneración promedio registró en el primer mes del año una suba del 1,7% contra una inflación oficial del 3,7%. Esta disminución real creció en términos anuales, dado que los salarios de la economía habrían crecido el 27,3%, mientras que la inflación, medida por el índice del Congreso, que recaba datos de consultoras privadas, se habría expandido en igual período el 30,8%.

Según el más reciente informe económico semanal del Banco Ciudad, a medida que la Argentina se acerca al período de mayor liquidación de divisas, lo que ayudaría a extender la actual tranquilidad cambiaria, también ingresa en el trimestre socialmente más conflictivo. Es que, así como las dos terceras partes de las liquidaciones de los dólares de la cosecha se producen entre el segundo y el tercer trimestre del año, el 60% de las negociaciones salariales se concentran en los meses de marzo, abril y mayo.

Se advierte, entonces, que si se computan la inflación de enero (3,7%) y las primeras estimaciones de febrero, en torno de un valor similar, que proyectaría un 34% interanual, se ingresaría a las negociaciones paritarias en un contexto de consolidación de la aceleración inflacionaria, "con una caída acumulada de los salarios reales del sector privado registrado del 12% desde mediados de 2013, que licúa las mejoras observadas en el período 2007-2011", según consigna el estudio del Banco Ciudad.  

El pedido de moderación salarial del Gobierno no sólo pierde algo de fuerza entre los caciques sindicales frente a esa realidad, sino también ante la posibilidad de que, finalizada la mayor parte de las negociaciones colectivas, la Casa Rosada decida empezar a limitar seriamente los subsidios en las tarifas de servicios públicos y, obviamente, ante su propia falta de moderación a la hora de controlar el gasto público, cuya financiación a través de un elevado nivel de emisión monetaria sigue siendo la principal causa de inflación.