Las dos últimas apariciones de la presidente fueron para anunciar el
plan para los ni-ni y el módico aumento del 11% para los jubilados, que
cuando lo cobren en abril se lo habrá llevado la inflación y deberán
aguantar hasta septiembre próximo para el segundo aumento que toca en el
año. En el discurso para gobernadores y dirigentes que pronunció ante
la “segunda juventud maravillosa” de 2000 empleados rentados con altos
sueldos, siguió insistiendo en que aumenta la inclusión social. Sin
embargo, ya no dice más que no devaluará y que los quieren el ajuste que
esperen que venga otro a la presidencia.
Con esta pérdida del poder adquisitivo de los asalariados y jubilados se agudizarán los conflictos sociales. Ya se vio la nueva política del gobierno con respecto a los reclamos como en la ocupación del acceso oeste por inundados y en la manifestación de Barrios de Pie ante el ministerio de trabajo. Ayer en el Chaco, como respuesta a la movilización, se mostró un fuerte aparato policial y una represión que no había ocurrido en estos diez años del cristinismo. Lo que ocurre es que ahora son otras las prioridades. Ya dijimos que la presidente no puede darse el lujo de ceder ante los mercados ni menos ante los conflictos sociales que vendrán, porque si tiene que terminar el mandato en forma anticipada podría trasladarse al exterior pero sería reclamada por extradición por los numerosos casos de corrupción de su gobierno y el de su marido. De ahí que suspendieran al fiscal José María Campagnoli para que cese de investigar al socio presidencial Lázaro Báez y al hermano de la desaparecida ministra de seguridad María Cristina Rodríguez, a quien, desde su jura, no se le vio más la cara.
En tanto, Sergio Berni controla todo y cuenta con el reaseguro del teniente general César Milani, dispuesto a sacar a la calle los vehículos de transporte de tropas que está reacondicionando. Es que Milani, al igual que Cristina, si cae el gobierno sería el primero en ir preso por violación de derechos humanos en la causa hasta ahora cajoneada en la provincia de Tucumán. En esta etapa al menos, el gobierno encubre a todos los funcionarios corruptos, empezando desde la presidente hasta el último que amenace con destapar la olla. A su vez, para los revoltosos que reclaman por la inflación y por los salarios les espera la represión.
Todo está cambiando
Mientras tanto, la realidad demuestra lo contrario y no sólo por la devaluación sino por el traslado a los precios, cosa imposible de evitar. Está también la férrea voluntad del gobierno de otorgar un aumento del 25% para los estatales y provinciales y también para el sector privado, por lo cual ella sabe que vendrá una recesión de entre el 2 y el 3% en el mejor de los casos. Si se lograra que los gremios acepten el 25%, el gobierno esperaría que la inflación no pase del 30% y, siguiendo con este número, el jueves próximo el gobierno anunciaría el nuevo IPC que consensuó con el Fondo Monetario Internacional. La gran incógnita es si el cristinismo seguirá trucando el índice como desde el 2007 o pondrá un 3%, cifra que en el mercado se considera como escasa pero razonable para el mes de enero pasado. En cambio, si se insiste con un 1,5%, como apuestan todos los analistas el gobierno, decepcionará al FMI, que está esperando para dar su OK para un entendimiento con el Club de París sin revisar las cuentas del país, como exige el artículo 4 del estatuto del fondo.
Con esta pérdida del poder adquisitivo de los asalariados y jubilados se agudizarán los conflictos sociales. Ya se vio la nueva política del gobierno con respecto a los reclamos como en la ocupación del acceso oeste por inundados y en la manifestación de Barrios de Pie ante el ministerio de trabajo. Ayer en el Chaco, como respuesta a la movilización, se mostró un fuerte aparato policial y una represión que no había ocurrido en estos diez años del cristinismo. Lo que ocurre es que ahora son otras las prioridades. Ya dijimos que la presidente no puede darse el lujo de ceder ante los mercados ni menos ante los conflictos sociales que vendrán, porque si tiene que terminar el mandato en forma anticipada podría trasladarse al exterior pero sería reclamada por extradición por los numerosos casos de corrupción de su gobierno y el de su marido. De ahí que suspendieran al fiscal José María Campagnoli para que cese de investigar al socio presidencial Lázaro Báez y al hermano de la desaparecida ministra de seguridad María Cristina Rodríguez, a quien, desde su jura, no se le vio más la cara.
En tanto, Sergio Berni controla todo y cuenta con el reaseguro del teniente general César Milani, dispuesto a sacar a la calle los vehículos de transporte de tropas que está reacondicionando. Es que Milani, al igual que Cristina, si cae el gobierno sería el primero en ir preso por violación de derechos humanos en la causa hasta ahora cajoneada en la provincia de Tucumán. En esta etapa al menos, el gobierno encubre a todos los funcionarios corruptos, empezando desde la presidente hasta el último que amenace con destapar la olla. A su vez, para los revoltosos que reclaman por la inflación y por los salarios les espera la represión.


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