Fútbol para Todos, pan y circo fascista

Lunes 13 de enero de 2014 | Publicado en edición impresa

 EDITORIAL - OPINIÓN

Es necesario que el Gobierno deje de monopolizar los espacios publicitarios en la televisación de los partidos, que pagan los ciudadanos.

Después de cuatro años y medio desde la puesta en marcha del programa Fútbol para Todos, convertido en una vil herramienta de propaganda política del kirchnerismo y de ataque a quienes expresaran opiniones diferentes a las del gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió que se evalúa aceptar el ingreso de publicidad privada para financiar la transmisión de los partidos por la televisión abierta.

"Estamos evaluando los mecanismos de conveniencias o no desde el punto de vista de la publicidad para el financiamiento del programa", expresó Capitanich. Un mes atrás, no se había mostrado demasiado convencido sobre esa posibilidad, al juzgar que "es más importante tener una buena calidad de transmisión y obtener la comercialización de los derechos a nivel internacional, que la publicidad privada".

Las dudas del propio jefe de Gabinete dejan ver las diferencias de concepción que existirían en el seno del gobierno kirchnerista sobre este tan perverso como costoso programa.

Concebido en 2009 por el Gobierno para evitar que los goles "siguieran siendo secuestrados", según sentenció Cristina Kirchner, cuando Torneos y Competencias tenía los derechos exclusivos de la transmisión de los partidos del campeonato local, Fútbol para Todos terminó siendo una maquinaria propagandística más del Poder Ejecutivo pagada por todos los argentinos.

Los más de 5000 millones de pesos que el programa lleva consumidos en cuatro años constituyen un gesto de inmoralidad si en ese mismo país hay millones de personas sin acceso a los servicios sanitarios y médicos básicos.

Ese gesto de inmoralidad se acrecienta y trasciende largamente la incidencia real del costo del Fútbol para Todos cuando en los minutos previos a los partidos y en los quince del entretiempo, que podrían ser explotados con publicidad comercial, lo que ven los millones de argentinos agobiados por carencias básicas o directamente sumidos en la indigencia, a quienes se pensó entretener regalándoles el rosario de transmisiones futbolísticas, son avisos que pintan a la Argentina como un país maravilloso que, gracias a la Presidenta, ha ganado la década que arrancó en 2003. 

Pan y circo de mucha crueldad, que nos retrotrae a la política de comunicación imperante en el primer peronismo, caracterizada por una concepción autoritaria bien propia del fascismo.

El Gobierno incurrió, al adueñarse de la televisación del fútbol profesional, en el mismo pecado que provocó decenas de muertos y heridos en los accidentes ferroviarios: la falta de control, por incapacidad o complicidad, sobre quienes recibían el dinero de todos los argentinos. Hoy, los clubes argentinos están, salvo honrosísimas excepciones, con deudas que los colocan al borde mismo de la quiebra. Y, además, infectados por el núcleo delictivo de las barras bravas, el sector al que la Presidenta demagógicamente definió como los maravillosos muchachos del paravalanchas. Se trata de los mismos sujetos a quienes se intentó domesticar con otro proyecto para la propaganda K que terminó generando más violencia: Hinchadas Unidas Argentinas.

Desde la oposición política se han presentado distintas iniciativas para que se abandone el ejercicio de la posición monopólica que hoy tiene el Estado nacional para convertirse en el único comprador de espacios publicitarios en la transmisión de partidos de fútbol de los principales campeonatos locales. Un monopolio que le ha permitido al Gobierno utilizar esos espacios de publicidad para realizar un proselitismo oficial de manera descarada e incluso atacar a gobernadores y a medios de comunicación críticos del oficialismo. El colmo sería que este vicio tan afín a las prácticas fascistas se extendiera a las transmisiones de los partidos del campeonato mundial de Brasil 2014.

Sería muy deseable que una norma legal determinara el cese de ese monopolio abusivo y que, como lo contempla un proyecto de ley presentado por el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital), la comercialización de derechos del programa Fútbol para Todos se efectúe mediante una licitación internacional anual, en la que pueda participar, a los efectos de contratar espacios para la difusión de publicidad, cualquier interesado que reúna condiciones mínimas razonables de solvencia.

De este modo, el programa en cuestión sería sustentable y libraría a los televidentes de la vergonzosa propaganda oficial, empleada no sólo para propender a la defensa de las posiciones del Gobierno, sino para cuestionar las opiniones políticas de personas no alineadas con el proyecto kirchnerista.