OYARBIDE Y UN FALLO QUE GARANTIZA MÁS IMPUNIDAD A LOS SCHOKLENDER
Por lo tanto, la causa volvió a foja cero.
Deberá retomarla otro Juez, afín al gobierno, Marcelo Martínez Di Giorgi quien
estaba investigando, supuestamente, los vínculos políticos de Sueños
Compartidos. En ese juzgado, el tema durmió más de dos años. La medida es una
victoria para los hermanos Schoklender y sus abogados quienes sospechaban que la
resolución terminaría sucediendo luego de la feria
judicial.
Sin embargo, la Cámara Federal, según el
extenso dictamen de 46 carillas, no probó la denuncia de Sergio Schoklender de
enemistad manifiesta de un juez que embarró la cancha, realizó allanamientos a
diestra y siniestra y imputó a más de 66 personas, muchas de ellas, perejiles
mientras salvaguardó a Alejandra Bonafini, punteros políticos barriales,
dirigentes políticos y a la propia titular de las Madres de Plaza de
Mayo.
Desde su juzgado, consultados sobre el nulo
avance en los nexos políticos de Sueños Compartidos, respondían que “eso lo
tiene que seguir Di Giorgi”. Pero el otro juez hizo la plancha durante dos
años.
La Cámara cuestionó, por otra parte, la
falta de mérito que había dictado el juez Oyarbide al financista Fernando
Caparrós Gómez, lo cual no es una buena noticia para el Gobierno Nacional pues
en su “cueva” se blanqueaban fondos de campañas políticos y Sergio Schoklender
no era el único que cambiaba cheques allí sino que, tal vez, algún poderoso
funcionario del gobierno le recomendó hacerlo allí.
El rol de querellante de la Unidad de
Información Financiera también es llamativo. Fue el propio organismo manejado
con dureza por José Sbatella quien planchó los pedidos de informe a Sueños
Compartidos luego de las denuncias de las ex diputadas Elsa Quiroz y Maricel
Etchecoin Moro. Las medidas tomadas por la Cámara dejan en ridículo a los
abogados defensores de Bonafini y de su defendida quien había asegurado que “los
Schoklender se robaron todo”.
La Cámara descartó que haya existido una
asociación ilícita y que una persona pudiese manejar a 66 personas que, muchas
de ellas, no se conocían entre sí. El problema que tenía el Juez era que sabía
su límite y con quiénes no podía indagar. Como dije, una y otra vez, desde que
empecé a investigar el tema: la causa está politizada a tal punto que, si
realmente un juez investigase, ningún funcionario, intendente y gobernador
implicado, tendría las manos limpias.
La ruta del dinero no se siguió
correctamente ni tampoco quién era realmente el supuesto líder de un sistema que
no era precisamente una asociación ilícita. Es el método de corrupción imperante
en la Argentina de la década ganada, en el que se roba para la corona y en que
el gobierno intentó crear un monstruo que antes consideraban un genio
loco.
Luis Gasulla

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